Firmante del Pacto por la Justicia de Castilla y León en nombre del colectivo de procuradores de los tribunales, Fernando Santamaría Alcalde considera que el documento de mínimos que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez presentará el día 20 al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es un paso de gigante para dejar de «marear la perdiz» sobre las competencias de Justicia en esta comunidad autónoma. Y va todavía más allá de las fronteras regionales: «El Pacto por la Justicia tiene que ser suscrito por todos los grandes partidos políticos a nivel nacional, gobierne quien gobierne».
–Uno de los argumentos que esgrime la Junta de Castilla y León es que la gestión directa permitirá agilizar los procedimientos y modernizar la Administración de Justicia. ¿Está usted de acuerdo?
–Parcialmente. La gestión directa agiliza los procedimientos y la Administración de Justicia, siempre y cuando vaya unida a una adecuada financiación e incremento de medios materiales y personales. No olvidemos que siempre la Justicia ha sido la hermana pobre de las Administraciones públicas.
–¿Cuál sería la mayor ventaja de las transferencias aplicada al colectivo que usted representa?
–La proximidad a los organismos autonómicos encargados de tomar decisiones, que permite la rápida intercomunicación entre ámbas partes. Ello posibilita la firma de convenios de colaboración en diversos campos como la justicia gratuita y el turno de oficio. Por otra parte, existe un compromiso de equiparar las retribuciones que perciben los procuradores por su intervención en el turno de oficio al resto de comunidades autónomas que ya tienen transferidas las competencias. Estamos hablando de que no ha existido ninguna actualización desde hace más de once años. El procurador percibe en la actualidad 24,04 Euros por un turno civil y 18,03 euros por un turno penal.
–Desde su punto de vista, ¿cuál es el mayor hándicap de la Justicia en Castilla y León, tan difícil de gestionar por su amplitud geográfica y dispersión municipal?
–También condiciona el estado lastimoso de muchos edificios judiciales y la deficiente organización de la planta judicial, un cuestión que esperamos sea resuelta en la nueva legislatura.
–¿Cuál sería la inversión más urgente e irrenunciable, a su entender, de las que plantea el TSJ?
–La memoria de 2010 solicita motivadamente la creación de 26 órganos judiciales en nuestra Comunidad. Otra de las inversiones más urgentes debe recaer en la potenciación de los sistemas informáticos que permitan establecer en todas las provincias el expediente digital, sin lo cual será muy difícil la implantación de la NOJ (la aplicación de gestión procesal que permite que cualquier órgano judicial implicado en un procedmiento pueda acceder a toda la información asociada al mismo).
- Juan Vicente Herrera se ha marcado como prioridad el Pacto por la Justicia y conseguir las competencias en esta legislatura ¿cree que es oportuno, con la que está cayendo, priorizar esta transferencia de Justicia?
–No se puede, por más tiempo, seguir mareando la perdiz. Llevamos cerca de diez años hablando del proceso de transferencias y no se ha avanzado nada. La crisis económica puede durar varios años, y lo que realmente interesa es saber si existe o no voluntad de asumir esta competencia. Si la respuesta es positiva, adelante, y si no existe, no hay que seguir perdiendo el tiempo en más reuniones. No obstante considero loable el esfuerzo y trabajo que desarrolla el consejero de la Presidencia y su equipo.
–¿Hubiera preferido que los sindicatos también firmaran el pacto, o no es indispensable para avanzar en la negociación?
–Efectivamente, hubiera sido deseable que suscribieran el acuerdo en materia de Justicia, pues en su elaboración se han tenido en cuenta numerosas aportaciones efectuadas por los representantes de los sindicatos en el seno de la Comisión Asesora de Justicia. No obstante, y desearía equivocarme, el camino hasta la consecución de las transferencias va a ser lento y va a ver oportunidad para que expongan sus puntos de vista.
–¿Cuál es la mayor dificultad con la que se topan a diario los procuradores en el ejercicio de sus funciones en Castilla y León? ¿Cree que la informatización acabará con su trabajo?
–Depende del lugar donde se ejerza. Concretamente, en Valladolid una de las dificultades que se tiene es la dispersión de las sedes judiciales. En otros lugares, como León y Burgos, la precipitación en la puesta en marcha de la denominada nueva Oficina Judicial, que prácticamente no ha supuesto ventaja alguna respecto a la organización clásica. Por otra parte, tanto los despachos de los procuradores como sus propios colegios han estado siempre a la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías, lo que ha contribuido a una mayor calidad en el servicio a sus clientes.
–¿Cree que habrá suficiente dotación económica para que este Pacto por la Justicia no se quede finalmente en papel mojado?
–Lo desconozco. Pero el Pacto de la Justicia debe ser rubricado a nivel nacional por los grandes partidos, con independencia de quien gobierne en cada momento concreto.
