El Banco Caja España - Caja Duero cifró ayer en 638 millones de euros netos la provisión de fondos necesaria para cubrir sus activos problemáticos que se encuentran vinculados a créditos concedidos al sector inmobiliario, según establece el Real Decreto Ley de saneamiento del sector financiero aprobado la semana pasada por el Gobierno.
El Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria SAU que preside Evaristo del Canto remitió ayer como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las estimaciones sobre el importe total necesario para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos de provisiones de sus activos problemáticos referidos al sector inmobiliario ascienden a 638 millones de euros netos del correspondiente efecto fiscal, «y una vez aplicados los fondos disponibles existentes al cierre del ejercicio anterior», explicó el banco en su nota a la CNMV.
La caja precisó que, en relación con las estimaciones sobre necesidades de capital que establece el Real Decreto para estos activos problemáticos, tendrá que hacer frente a 502 millones de los requerimientos adicionales que saldrán de la integración con Unicaja.
En concreto, Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria SAU asegura en este hecho relevante que tiene previsto cumplir las exigencias del Real Decreto Ley 2/2012 «dentro del proyecto de integración con Unicaja Banco SAU».
Antes de un año
El viernes de la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del sistema financiero que da un año de plazo para que las entidades financieras saneen hasta 50.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos. Según el ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, este saneamiento debe realizarse en un año, es decir, antes del 31 de diciembre de 2012.
De acuerdo con el plan del Gobierno, para los activos problemáticos se estableció una provisión específica con dotación extraordinaria con cargo a resultados de 25.000 millones de euros. Se prevé un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso que irán a cargo de beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles o deuda subordinada). Este importe será de unos 15.000 millones de euros.
