El magistrado de Instrucción número 1 de Valladolid proseguirá este viernes con las declaraciones de testigos relacionados con el proceso de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid del año 2003, y en el que se detectó, por parte de la oposición socialista en el Ayuntamiento de la capital, una manipulación de planos y artículos que habrían beneficiado a propietarios de solares con cambios de usos y aumentos de edificabilidad.
Para mañana está previsto que declare Lino C. D. C., representante de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, dueña del solar de Cáritas situado entre las calles José María Lacort y Simón Aranda, y en donde se autorizó la construcción de un aparcamiento privado en el subsuelo. Además están citados dos letrados pertenecientes al equipo jurídico municipal. Se trata de Luis Á. L. D. y José L. B. S. para que informen sobre cómo se realizó el proceso administrativo en el Consistorio después de que el Pleno de concejales aprobase los cambios del PGOU. En el 2008, el PSOE comprobó que no se correspondían varios de los artículos aprobados con los que salieron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia en febrero del 2004.
Estos tres testigos han sido propuestos por la fiscal que investiga estas alteraciones. Además una cuarta persona, Julia P. P., ha sido citada también como imputada.
Personación vecinal
Las nuevas declaraciones en el 'caso PGOU' tendrán una novedad. El juez instructor ha admitido la personación en las diligencias de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid después de que se les exigiera como acusación popular la presentación de una fianza fijada en 20.000 euros. Aunque inicialmente la cantidad se fijó en 8.000 euros, la Audiencia Provincial determinó en diciembre del 2011 una cifra más elevada.
El colectivo vecinal ha reunido dichos fondos mediante una cuestación entre diversos grupos ciudadanos en un plazo de dos días. En una nota difundida ayer, la Federación recuerda que fue este colectivo el que detectó las primeras alteraciones de artículos que se formalizaron en un recurso contencioso-administrativo interpuesto en el 2004. La Federación asegura que se ha personado ante «la pasividad municipal».
