Sabe que el suyo es ya a estas alturas el recurso de la pataleta. Su caso, sin embargo, resulta cuanto menos significativo de «cómo funcionan a veces las cosas en las administraciones públicas». Quien habla es una mujer que lleva nada menos que seis meses reclamando a la Consejería de Educación el importe de un bolso, valorado en solo 40 euros y que acabó hecho trizas después de pasar la cinta del escáner del control de seguridad situado en la entrada del edificio del Monasterio del Prado.
Un sinfín de llamadas y reclamaciones después resulta que la afectada fue informada de que el seguro contratado por la propia institución pública para este tipo de vicisitudes «no cubre los desperfectos por un importe inferior a 300 euros», es decir, que si «mi bolso hubiera sido de Carolina Herrera o de cualquier otra marca carísima sí que me hubieran indemnizado», lamenta Laura M. R., la protagonista de tan singular periplo _administrativo.
Los hechos se remontan a agosto del año pasado. «Aquel día acudí a la consejería y al meter el bolso en la cinta del escáner resulta que se quedó atrapado en los rodillos del interior», recuerda Laura, quien relata cómo el guarda de seguridad le dijo que «no pasaba nada y que dando para atrás el mecanismo iba a salir el bolso sin problema». Así lo hizo, pero el resultado no fue precisamente el anunciado.
«Rasgado de arriba a abajo»
«El bolso se enganchó y salió rasgado de arriba a abajo y llenó de grasa de los rodillos», resume su propietaria. Comenzaba un sorprendente rosario de trámites para intentar, sin éxito hasta la fecha, reclamar el importe de su prenda, un bolso de 40 euros de la firma _Misako.
«Su valor es lo de menos, pero entiendo que cuando metes algo en el escáner te lo deben devolver de una pieza, es decir, como entró», reivindica la afectada, que en ese mismo instante le preguntó al vigilante la manera de reclamar. «Me dijo que fuera al registro y allí rellenó un formulario explicando lo que había ocurrido, el valor del bolso y la identificación del guarda».
Mes y medio después recibió la primera llamada del seguro de la consejería «preguntándome insistentemente por cuánto valía el bolso y diciéndome que estaban tramitando la queja». Aún pasarían seis semanas antes de que ella misma optara por llamar a la compañía. Fue entonces cuando le informaron de que «no se hacían cargo porque el seguro tenía una franquicia de 300 euros y que solo cubre daños por un importe superior».
Una llamada que nunca llega
Así que Laura optó por volver a llamar a la consejería. Allí habló hasta con tres personas –las dos primeras le «dieron largas»– hasta encontrar a una funcionaria que, al menos, le hizo caso. Ella le informó después de que se debería hacer cargo el seguro de la empresa de seguridad y que le llamarían. Hasta hoy.
«Sé que es una tontería, pero creo que demuestra la indefensión que sufrimos a veces los ciudadanos ante casos así», concluye la _afectada.
Fuentes de la consejería se limitaron ayer a reconocer los hechos: «La seguridad la lleva una empresa y no podemos decir nada más».
