Valladolid. La Junta ha garantizado hasta ahora el cobro del 100% de las retribuciones a los empleados públicos que estaban en situación de baja durante todo el proceso que duraba la incapacidad temporal. Eso se va a acabar. Una disposición derogatoria incluida en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas afectará a los artículos de los convenios colectivos firmados entre los responsables de personal de la Junta y los representantes de los trabajadores que regulan el complemento económico por «incapacidad temporal».
La medida supondrá, cuando entre en vigor esa parte de la legislación, que los empleados de la Junta que sufran un accidente o caigan enfermos y no puedan acudir a trabajar percibirán el 100% de sus retribuciones, como hasta ahora, hasta el cuarto mes. A partir de ese momento percibirán el 75%.
Ya lo dijo el presidente de la Junta,_Juan Vicente Herrera, cuando el 29 de diciembre presentó las medidas de incremento de recaudación, vía aumento de la presión fiscal, y de ajuste de gasto: «Algo habrá que hacer con las incapacidades temporales». Desde el Ejecutivo reconocían que esa garantía del 100% del sueldo ‘sine die’ no animaba a volver al tajo laboral.
Pues lo que va a hacer la Junta es recortar el complemento con el que completa la paga que abona la Seguridad Social. El procurador del PP Salvador Cruz, que será uno de los ponentes en la negociación parlamentaria de la Ley de Medidas que se abre desde hoy, explica que la medida va encaminada a evitar el fraude en el ‘disfrute’ de una incapacidad temporal.
Es uno de los muchos cambios y novedades que recoge el futura Ley de Medidas, que superó ayer el primer escollo parlamentario al rechazar la mayoría del PP las dos enmiendas a la totalidad con las que el PSOE_y el grupo mixto reclamaban a la Junta la retirada y reelaboración de todo el texto.
Posiciones enrocadas
Como era de esperar, ni el grupo popular que da sustento parlamentario a la Junta ni la oposición variaron sus posiciones iniciales durante un debate que tuvo doblete, porque sus señorías –incluida la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo–, tras los turnos habituales, reclamaron todos un turno extra para volver a decir prácticamente lo mismo, no fuera que algún despistado hubiera pasado algo por alto.
A los que no se escuchaba desde el hemiciclo era a los trabajadores de la Junta que protestaban a las puertas de las Cortes por la repercusión que dicen que tendrán a nivel personal y en los servicios públicos las medidas laborales que incluye esa legislación, con el aumento de la jornada de trabajo a la cabeza. «Los sacrificios que nos esperan son notables. A los empleados públicos se les mantiene la retribución, eso sí, exigiendo un poco más de trabajo», justificó la consejera de Hacienda. Del Olmo defendió las medidas de su ley, tanto las laborales como las fiscales (incluida la subida de carburantes) como imprescindibles para «el mantenimiento de la valorada calidad de los servicios públicos fundamentales» y para «la recuperación económica a medio o largo plazo».
«Esta ley es un engaño masivo y un fraude en materia tributaria», censuró el secretario general del grupo socialista y portavoz en asuntos de Hacienda, José Francisco Martín, quien acusó a Herrera y a su Gobierno de haber ido ocultando uno tras otro los recortes que han hecho, de haber prometido en las Cortes que no subirían los impuestos y de arremeter contra los empleados públicos en lugar de poner en marcha mejoras de gestión.
El papel higiénico
El argumento del portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, que aseguró que el «esfuerzo» que se pide a los ciudadanos y empleados públicos en Castilla y León es «necesario» para mantener el nivel de unos servicios públicos que son «los mejores de España», dio pie a la replica posterior de Martín. «Las empresas no cobran las subvenciones, las familias no han visto un euro de las becas de libros y mi sobrina va a un colegio público con el rollo de papel higiénico (Colegio Luis Vives, de León). Lo están haciendo ustedes muy bien», criticó el socialista.
El portavoz de IU, José María González, lamentó el «debate precipitado» al que ha llevado la tramitación urgente de la ley y aseguró que «uno de cada catorce» empleos públicos desaparecerán, lo que afectará a la calidad de los servicios. Del Olmo negó la mayor y volvió a prometer que la Junta no reducirá su plantilla. Se votaron las enmiendas a la totalidad, desde los escaños del PP pulsaron el botón del ‘no’ y la tramitación de la Ley de Medidas sigue su curso. Continuará.
