Los asuntos están perfectamente colocados y no dejan un solo centímetro libre de la mesa de su despacho del Palacio de Justicia. Todo un símbolo de la cantidad de trabajo que arrastra la Sala de lo Contencioso-Administrativo, uno de los tribunales más cargados de procedimientos. Y eso que con la reciente modificación de tasas y costas judiciales (el que pierde, paga) «se ha notado un descenso a final de año de unos doscientos casos», comenta el presidente. El efecto disuasorio funciona, y más en en tiempos de crisis. «Uno se lo piensa si tiene que pagar, y es mucho dinero para el resultado que puedes obtener en la carrera funcionarial», explica. El magistrado salmantino Antonio Fonseca Herrero (1959) ha puesto su firma en el documento del Pacto por la Justicia en representación del Consejo General del Poder Judicial.
–¿Cómo afectará sobre el terreno el trasvase de competencias de la Justicia?
–El efecto práctico es que la Administración empiece a dotar a los juzgados y tribunales de los medios que necesita, tanto con transferencias a la comunidad autónoma como sin transferencias. Tiene que haber un movimiento inversor.
–¿Está de acuerdo con la valoración económica de las transferencias que realiza la Junta de Castilla y León, de 163,2 millones?
–La cifra es una valoración que realiza la Junta. La aportación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al Pacto ha sido dar conformidad a unas bases que el Ejecutivo autonómico ha puesto como indispensables para asumir las competencias, luego es política. Creo que las bases van en buena dirección para negociar esas inversiones.
–¿Cree que es el momento de negociar transferencias cuando las Administraciones están planteándose un férreo control del gasto?
–Si es el momento o no es una decisión política en la que no entramos. Nosotros decimos si el planteamiento es el correcto para empezar a negociar pero la apuesta para asumir las competencias es de la propia Junta. Sobre la cuantía de la inversión no podemos decir nada, pero sí que esas inversiones son totalmente necesarias y si el Ejecutivo autonómico considera que las transferencias tienen que ir acompañadas de una cuantía determinada no lo discutimos. Lo que es preciso es que las necesidades que tiene la Administración de Justicia se asuman, se haga a través del Estado o de la comunidad autónoma. La decisión es política.
–¿Coincide usted con el consejero de la Presidencia en que la asunción de las competencias supondrá mayor cercanía de la Administración de Justicia y abundará en mejorar el servicio a los castellanos y leoneses?
– Siempre he pensado que la cercanía es buena para el desarrollo competencial, pero no es una garantía por sí sola sin los medios necesarios. Lo fundamental es la voluntad política de poner los medios. De lo contrario, poco se puede hacer. Al final puede que haya ciudadanos que tengan preferencia por que la Justicia la asuma la comunidad autónoma, pero a la mayoría lo que les interesa es cómo se les dé ese servicio, tanto la Justicia como la Sanidad y otros servicios públicos.
–¿Cuáles son las necesidades concretas de su departamento para mejorar el servicio?
–Se necesita crear una plaza de magistrado, una de secretario y cuatro de funcionarios. Además de los medios materiales, principalmente informáticos.
–Una de las reivindicaciones de la Junta es la dotación económica suficiente para extender las Oficinas Judiciales, que hoy solamente están en marcha en León y Burgos y todos los estamentos judiciales coinciden en que su funcionamiento no es bueno.
–Hoy su funcionamiento es problemático porque no se ha hecho una previsión lógica de los medios personales y materiales que hacían falta. Habría que valorar si hay que replantearse el desarrollo de la Oficina Judicial, porque no puede ser que los problemas de Burgos se trasladen a otras provincias.
–¿Qué opinión le merecen las primeras decisiones tomadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón?
–El discurso que plantea es realista y ajustado a las necesidades que tiene hoy día la Administración de Justicia. La planta judicial, el CGPJ, la necesidad de coordinar los sistemas informáticos, son problemas que realmente existen. Habrá que esperar al desarrollo de las medidas, sin entrar en las reformas legislativas que se anuncian en materias sensibles como el aborto o el divorcio. A nosotros no nos corresponde valorarlo, sino aplicar la ley.
