Entre el 5% y el 8% de los alumnos totales de Castilla y León presentan necesidades educativas especiales. Un reto para el sistema de enseñanza que, sin embargo, no se ha visto acompañado de la apuesta por una política activa cuantificable para conocer el grado de éxito de las estrategias inclusivas, según quedó ayer de manifiesto en la apertura del congreso Internacional sobre Escuela Inclusiva para la Nueva Sociedad, organizado por la Universidad de Salamanca.
El responsable de la inauguración, el director del Instituto de Integración en la Comunidad (INICO), Miguel Ángel Verdugo, destacó que "la situación de Castilla y León no difiere demasiado de la del resto de comunidades autónomas, hay muy buena voluntad por parte de los responsables políticos al más alto nivel, pero falta esta apuesta por una política cuantificable para saber qué se está haciendo".
Así, Verdugo señaló que "me consta el interés del propio consejero, Juan José Mateos, por avanzar en una perspectiva inclusiva de la escuela, pero realmente esta comunidad carece de un sistema acreditable donde se pueda evaluar cada estrategia concreta, conocer cuántos alumnos con discapacidad han sido incorporados a los ciclos de FP y con qué satisfacción y sensación de éxito".
