14.000 empleados públicos de los 90.000 que existen en Castilla y León se verán afectados por la Ley de Racionalización del Gasto Público que el Ejecutivo autonómico presentará mañana en Las Cortes para su debate, según los datos que maneja UGT. Solamente en el sector sanitario, precisó la secretaria general del sindicato en Castilla y León, Carmen Amez Revuelta, «corren peligro» 7.000 puestos de trabajo con la ampliación de jornada «impuesta y no negociada» por la Junta, de 35 a 37,5 horas semanales. «El consejero de Sanidad dice verdades a medias: que son contratos que finalizan, pero en realidad son despidos», subrayó. Los delegados del sindicato y empleados públicos que descansen se concentrarán mañana ante las Cortes de Castilla y León en torno a las 11:00 horas, al mismo tiempo que tendrá lugar en el parlamento regional el debate de las enmiendas a esta Ley. «Somos conscientes de la situación de crisis, pero estas medidas no acabarán con ella sino con la calidad de los servicios públicos, y aumentará de forma alarmante el paro en nuestra comunidad», declaró la médica. «La ampliación de la jornada con dos horas y media más supondrá la anulación de contratos que no se van a renovar y la pérdida total de la calidad asistencial, no acabará con las listas de espera, la externalización de servicios y el absentismo, porque no se ataca la raíz del problema: el control de la gestión de la actividad del sistema público».
Amez puntualizó que, de esos 7.000 interinos contratados por servicios, por aumento de tareas, a tiempo parcial o para reducir las listas de espera. Las provincias de Valladolid, León y Salamanca serían las más afectadas en la sanidad pública, con entre 600 y 700 puestos perdidos en cada caso. Mientras que el resto de empleos está relacionado con el profesorado o funcionariado de las diferentes administraciones.
UGT sostiene que con estas medidas la Junta «se lava la cara frente a las políticas nacionales, pero con la que la calidad asistencial no está garantizada»
El sindicato ha mantenido conversaciones con la Junta, a la que ha propuesto una enmienda para retirar el Título Cuarto de la Ley, que se refiere al personal hasta que no se apruebe la Ley General de Presupuestos de la Comunidad ya que desde UGT «temen» que los funcionarios, «que son como el Cid Campeador, tengan que rascarse de nuevo el bolsillo para salir de la crisis».
También criticó al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, quien recientemente declaró que la Junta «no es una oficina de empleo», a lo que Amez replicó que «tampoco lo es de desempleo». «Están acostumbrados a recolocar políticos que ya no les sirven en puestos de libre designación y piensan que nosotros pedimos eso, cuando solo queremos que cojan el toro por los cuernos y garanticen lo público», exclamó.
La representante sindical acusó a la Junta de «falta de negociación», dado que mañana la Mesa de la Función Pública está convocada «para ver cómo se introduce la medida del aumento de jornada, cuando ni siquiera se ha aprobado en las Cortes».
Por otro lado, el sindicato recomendó al Ejecutivo que «vigile» el absentismo laboral real, dado que su solución no pasa por «precarizar a funcionarios con enfermedades de larga duración, de más de seis meses, que ven disminuido su sueldo en una cuarta parte». A su juicio, comete absentismo laboral aquel que «no cubre» su puesto de trabajo «por otras razones, que son las que tienen que controlar» y exige una mayor gestión de la actividad y una disminución de la protocolorización en las tramitaciones burocráticas.
También recordó que la aplicación del 'céntimo sanitario' también afecta a los funcionarios, tales como profesores itinerantes, enfermeras que se desplazan de unos centros a otros, principalmente en el medio rural, así como veterinarios. «Se trata de una medida reglamentaria más que necesaria, y por ello nos manifestamos mañana contra esta imposición», concluyó.
