La Unión de General de Trabajadores (UGT) calcula que alrededor de 14.000 empleados públicos de todas las administraciones en la Comunidad (en total hay 90.000) perderán su empleo debido al aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales “impuesta y no negociada” por la Junta de Castilla y León, una de las medidas incluidas en la Ley de Racionalización del Gasto Público.
Así lo aseguró la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Amez, quien recordó que por este motivo el sindicato ha convocado a todos los delegados sindicales de la administración, así como a los funcionarios que mañana descansen, a una protesta que se celebrará a partir de las 11 horas en la puerta de las Cortes de Castilla y León, donde se debatirán las enmiendas de esta norma.
Amez concretó que, de esos 14.000, aproximadamente la mitad corresponde al sector sanitario, tanto interinos, contratados por servicios, por aumento de tareas, a tiempo parcial o para reducir las listas de espera. Las provincias de Valladolid, León y Salamanca serían las más afectadas en la sanidad pública, con entre 600 y 700 puestos perdidos en cada caso. Mientras que el resto de empleos está relacionado con el profesorado o funcionariado de las diferentes administraciones. “En total, no es más que una regla de tres. Desde la Junta desmentirán toda esta información y sólo dirán verdades a medias: que no hay despidos, sino finalizaciones de contratos”, matizó Amez.
La representante de UGT, quien reconoció que es “consciente” de la crisis, reiteró que estas no son las medidas “para acabar” con esta situación, ya que solo provocarán una “disminución de la calidad de los servicios públicos y un aumento de forma alarmante del paro”. Pero, además, acusó al Gobierno regional de “chantaje” a los empleados públicos a través de los medios de comunicación “diciendo que estas medidas se imponen para no disminuir las retribuciones”.
Al respecto, Amez señaló que los salarios se verán afectados “de forma indirecta” con la subida de la jornada a 37,5 horas, una medida con la que la Junta “se lava la cara frente a las políticas nacionales, pero con la que la calidad asistencial no está garantizada". “¿O es que acaso con ello se reducirán las listas de espera o los conciertos privados?”, se cuestionó. Igualmente, argumentó que esta medida supondrá “la pérdida de la calidad asistencial, algo difícil de recuperar”, cuando UGT propone precisamente “garantizarla” a todos los usuarios, así como hacer lo propio con la actividad laboral.
El sindicato ha mantenido conversaciones con la Junta, a la que ha propuesto una enmienda para retirar el Título Cuarto de la Ley, que se refiere al personal “tanto en cuanto” no se apruebe la Ley General de Presupuestos de la Comunidad ya que desde UGT “temen” que los funcionarios, que son como el “Cid Campeador”, tengan que “rascarse de nuevo el bolsillo para salir de la crisis”.
También lanzó un mensaje crítico hacia el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, quien recientemente ha declarado que la Junta “no es una oficina de empleo”, a lo que Amez contestó que “tampoco lo es de desempleo”. “Están acostumbrados a recolocar políticos que no sirven en puestos de libre designación y piensan que nosotros pedimos eso, cuando solo queremos que cojan el toro por los cuernos y garanticen lo público”, exclamó.
La representante sindical acusó a la Junta de “falta de negociación”, dado que mañana la Mesa de la Función Pública está convocada “para ver cómo se introduce la medida del aumento de jornada cuando ni siquiera se ha aprobado en las Cortes”. “UGT tiene otro concepto de lo que es negociación. Al menos podían escenificarla”, espetó.
Absentismo laboral
Por otro lado, el sindicato recomendó al Ejecutivo que “vigile” el absentismo laboral real, dado que su solución no pasa por “precarizar a funcionarios con enfermedades de larga duración, de más de seis meses, que ven disminuido su sueldo en una cuarta parte”.
A su juicio, comete absentismo laboral aquel que “no cubre” su puesto de trabajo “por otras razones, que son las que tienen que controlar". “Deben poner sobre la mesa las causas y ser más sociales”, dijo. Por ello, pidió a Sáez una mayor gestión de la actividad y una disminución de la “protolización” en las tramitaciones burocráticas con el personal público. Y criticó la espera de más de cuatro horas en urgencias, “los 11 directivos que hay en cada hospital, las más de 20 jefaturas en cada edificio público…”.
‘Céntimo sanitario’
Amez destacó que la aplicación del ‘céntimo sanitario’ también afecta a los funcionarios, tales como profesores itinerantes, enfermeras que se desplazan de unos centros a otros, principalmente en el medio rural, así como veterinarios. “Se trata de una medida reglamentaria, más que necesaria, y por ello nos revelamos mañana contra esta imposición”, concluyó.
