Una empleada limpia los cristales. / El Norte
EL Estado ha querido aumentar la protección a los empleados de hogar con una nueva legislación que ampara bajo el paraguas de la Seguridad Social a la totalidad de trabajadores del servicio doméstico. Pero su aplicación suscita muchas dudas, hasta el punto de que se han planteado 350 consultas diarias en el primer mes de aplicación del nuevo régimen. El nuevo Régimen de Empleados de Hogar cuenta ya con 240 afiliados en Valladolid. En diciembre de 2011, la Seguridad Social había contabilizado en la provincia 2.129 trabajadores fijos que habían formalizado su relación laboral con un cabeza de familia que cotizaba por ellos, al tener una jornada de al menos 40 horas semanales. Además, había otros 398 empleados discontinuos que prestaban servicio a uno o varios empleadores y abonaban su propia cuota. En total, Valladolid tenía 2.527 empleados de hogar –más del 90% son mujeres y en torno al 40%, inmigrantes– registrados, de los que cerca del 10% habrían adaptado su situación a la nueva norma.
Además, anteriormente había un número indeterminado de empleados que no tenían obligación de estar afiliados al sistema de protección ya que su horario era de menos de 72 horas mensuales. Y también habría que sumar otro número más indeterminado aún de trabajadores que desempeñaban su labor de manera no declarada o sumergida y no aparecen en ninguna estadística.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), cerca de 700.000 familias españolas declaran tener empleado personal de servicio doméstico. Sin embargo, la Seguridad Social solo tiene constancia de algo menos de 300.000 cotizantes por este concepto, de modo que al menos otros 400.000 trabajadores desempeñarían su labor de manera externa al sistema. Trasladando esta proporción de 40% de empleados regularizados, frente a otro 60% que no tenían obligación de estarlo, o estaban sumergidos, obtenemos como resultado que la nueva ley afectaría a un colectivo de alrededor de 6.300 personas en Valladolid, el 1,2% de la población de la provincia.
Desde la primera hora
La principal novedad de la ley radica en que cualquier persona que tenga servicio doméstico deberá asegurarlo desde la primera hora, con independencia del número de ellas que trabaje, de acuerdo con unos tramos de cotización que varían en función de la jornada, según explica Paula Roch, directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta es, precisamente, la principal duda que plantean quienes acuden al organismo para aclararse.
Entre las cuestiones sobre las que versan las consultas destacan las referidas al modo de abono de las cotizaciones. «Es obligatorio que el empleador domicilie la suya y que también abone la cuota del trabajador, al que después se le descontará de la nómina», detalla la responsable del organismo, quien también resalta que «el contrato puede ser escrito –obligatoriamente si tiene una duración determinada superior a cuatro semanas– o verbal, en el caso de que sea indefinido». Lo que sí debe hacerse en todos los casos es entregar al empleado un recibo de salario o nómina.
Otra de las dudas que asedian a los empleados y que, en este caso, la Seguridad Social no puede aclararles es si quienes se regularicen por primera vez deberán después hacer declaración de la renta del IRPF. La Agencia Tributaria les informaría de que solo si superan los ingresos mínimos que obligan a tributar, es decir, 22.000 euros brutos anuales si hay un solo pagador o 11.200 euros cuando exista más de un pagador y se haya cobrado más de 1.500 euros del segundo y posteriores.
Con la integración en el Régimen General de la Seguridad Social, las asistentas, mayordomos, tatas y demás empleados que se dedican al oficio de hacer los hogares habitables pasarán a disfrutar de derechos como la baja por enfermedad, o a generar prestaciones como la pensión de jubilación. Fuera de la ley ha quedado, sin embargo, el derecho a cobrar una prestación en caso de desempleo.
Según un estudio del gabinete sociológico Colectivo Ioé, entre las mujeres en situación laboral irregular, el principal motivo para no cotizar es que no les interesa o no les compensa, debido a que los salarios que perciben son en general bajos. Otros motivos alegados son la existencia de un acuerdo con el empleador para poder cobrar íntegro el salario, el desconocimiento de la ley, y que no merece la pena afiliarse si se comparan los beneficios sociales con los costes económicos y burocráticos. También hay quienes alegan que el empleador no quiere hacer contratos, o que no llegan a un acuerdo.
En opinión de Reyes Martín, Coordinadora del Área de Empleo de Red Íncola, «el cambio que se ha hecho perjudicará, y perjudica en el corto plazo, especialmente a las mujeres inmigrantes». Desde la experiencia de su puesto, ha constatado que «las familias, como era de esperar, protestan por la subida del coste, y ahora todo es más complejo a nivel burocrático, algo que afecta especialmente a las trabajadoras discontinuas, ya que para muchas familias es un lío dar de alta para un par de horas a la semana». A su juicio la reforma, en el corto plazo, se traducirá en la persistencia de la economía sumergida, «ya que no se ha acompañado el proceso de una serie de incentivos o bonificaciones fiscales que hagan que a las familias les resulte rentable dar de alta a las trabajadoras».
