El aumento de los procesos de arbitraje en los últimos años ha provocado una demora de varios meses en las resoluciones de los casos. La causa son las quejas por los servicios de las empresas de telefonía y de Internet. El Procurador del Común, Javier Amoedo, ha comprobado que hay expedientes que se resuelven casi un año después de que se presenta la queja y que eso «no es una circunstancia especial, sino que se encuentra dentro de la media de tiempo de tramitación de los últimos dos años». La legislación marca seis meses para culminar un arbitraje, plazo que se puede ampliar en casos excepcionales otros dos meses más.
El equipo de Javier Amoedo apunta que en Castilla y León este plazo «ha sido sobrepasado notablemente, sin que para ello sea pretexto la acumulación de expedientes». La resolución añade que es obligación de la Administración (en este caso la Junta) «adoptar las medidas oportunas para eliminar toda anormalidad en la tramitación de los procedimientos» y garantizar los derechos de los ciudadanos.
La Consejería de Economía y Empleo, departamento encargado de resolver estos procesos extrajudicales, justifica el incremento del tiempo de resolución en el «espectacular» aumento de la carga de trabajo en la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León. Afirman que de las 715 solicitudes de mediación que recibieron en 2004 se ha pasado a 2.057 casos en 2009 o 1.749 en 2010. De ellas, el 84% afectan a quejas de usuarios de servicios de telefonía e Internet. Fuentes de la consejería afectada han confirmado que aceptaron la resolución del Procurador del Común y que están trabajando en la puesta en marcha de medidas para agilizar los plazos de los expedientes de arbitraje.
