Al menos 70 centímetros cuadrados de jaula –en lugar de 55–, con una varilla en el medio para que la gallina repose, un lugar en el que picotear y recortarse las uñas y un nido en el que poner huevos. Son las nuevas normas que, desde el 1 de enero, la Unión Europea exige para las gallinas ponedoras en aras de un mayor bienestar animal. En Castilla y León, más del 80% de estos animales ya se alojan en jaulas adaptadas a esta nueva normativa y se convierte así en la comunidad más avanzada del país en esta transformación, según datos que confirmó Alberto Blanco, presidente de la Asociación Castellana y Leonesa de Empresas de Avicultura, Asclea, en el programa 'Queremos hablar del campo' de Punto Radio Castilla y León.
La primera directiva europea que recogía la mejora de las condiciones en las que viven las gallinas es de 1999; entonces, ya algunos empresarios comenzaron a hacer los deberes. Los que lo han dejado para última hora se han topado con la crisis y eso, relata Blanco, ha conllevado «ciertas dificultades» agravadas en Castilla y León por el hecho de que la Administración autonómica «no ha podido ayudar o no le ha dado prioridad» al sector, como sí han hecho otras comunidades.
15 euros por jaula
El coste medio para la adaptación a la normativa europea ronda los 15 euros por jaula, en Castilla y León hay seis millones de gallinas ponedoras, aunque «antes de la crisis ha llegado a haber más de nueve millones». Es la segunda comunidad, después de Castilla La Mancha, con mayor producción de huevos del país.
Castilla y León va a la cabeza de la adaptación, pero aún queda camino por recorrer. Se calcula que un tercio de las explotaciones no están adaptadas; por ello, desde Bruselas ha llegado la apertura de un expediente sancionador por incumplir estas nuevas normas para gallinas ponedoras. El comisario de Salud, John Dalli, ha informado a las autoridades del país de que, desde la entrada en vigor de la nueva norma, debe hacer valer «la prohibición de las jaulas no enriquecidas». El caso de España no es único, también se ha abierto expediente a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía.
Precisamente, por el elevado coste que supone la adaptación, COAG solicitará al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, una línea oficial de créditos blandos para evitar el cierre de miles de granjas de aves. En este mismo sentido, la semana pasada Arias Cañete recordó que España está «en la senda de cumplimiento» de la norma y pidió a Bruselas «cierta flexibilidad» para la adaptación del sector.
Sanciones
La apertura del expediente es el primer paso de un procedimiento de infracción, con el que se da un plazo máximo de dos meses para que el Estado miembro emprenda medidas correctoras. Si la respuesta no convence a Bruselas, se puede dar una segunda oportunidad al país con un nuevo plazo de dos meses y, si tampoco en esa fase se resuelve el 'dossier', llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En el encuentro que mantuvieron Arias Cañete y la consejera de Agricultura se abordó esta normativa. Silvia Clemente aseguró que en junio la región cumplirá con la adaptación y solicitó al ministro que «todas las comunidades cumplan al mismo ritmo, para garantizar que no hay competencia desleal».
El sector de avicultura de puesta emplea en Castilla y León a 2.000 personas de manera directa, a ellos se suman otros 4.000 en las industrias de engorde de pollos. En ambas, la mujer juega un «papel fundamental» y ocupa, en muchos casos, el 50% del empleo.
