La Junta de Castilla y León asumirá este año las competencias de los servicios psiquiátricos de la provincia de León, de los que, desde hace dos décadas, se hace cargo la Diputación provincial, y que suponen un coste anual de casi tres millones de euros. Así lo acordaron en la reunión mantenida este mediodía entre el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, y la presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco, quienes alabaron el clima de “entendimiento” entre las dos instituciones que permite poner fin a muchos años de “desacuerdos”.
Para ello, lo primero que se hará será constituir un grupo de trabajo que se encargue de elaborar los contenidos que permitan “resolver este problema” que surgió a principios de los años 90 y que incluso ha supuesto varios enfrentamientos judiciales entre ambas instituciones, al tratarse de una competencia impropia de la Diputación provincial, y acumula pagos pendientes por este motivo desde el año 2002 por importe de casi seis millones de euros.
El consejero de Sanidad confió en que el procedimiento será “más sencillo” que el que se ha llevado a cabo con otras Diputaciones, con quienes también se han realizado transferencias que resultaban “más complicadas” pero que finalmente se resolvieron “adecuadamente”. Una vez que se finalice el traspaso de estas competencias, será la Junta de Castilla y León quien se hará cargo de las personas de Santa Isabel y de los dos centros que la Diputación de León gestiona en Palencia, centros que albergan a un total de 150 personas, con un coste de 2,7 millones de euros al año.
Saez insistió en que el compromiso es el de intentar resolver esta situación “por las dos partes” y continuar la colaboración entre las dos administraciones. Por su parte, la presidenta de la Diputación de León explicó que las discrepancias tienen su origen en el año 1991, momento desde el que la institución provincial intentó “desenmarañar todo esto”, a pesar de lo cual no se alcanzó un acuerdo, por lo que la Diputación de León es la única de toda la Comunidad que no había transferido las competencias de la asistencia psiquiátrica, algo que ahora se quiere “legalizar”, pero “sin dejación de nuestros derechos”.
Por último, ambas partes resaltaron que la voluntad es llegar a un acuerdo “independientemente de los procesos judiciales” que están en marcha, aunque se insistió en que el Pacto Local reconoce que las Diputaciones tienen competencias en el ámbito de la atención social, pero no en el ámbito sanitario ni la atención psiquiátrica.
