El portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio de la capital, Manuel Saravia, pidió hoy al alcalde Javier León de la Riva que «se pronuncie cuanto antes sobre qué va hacer con la imputación de Jesús García Galván por el caso Arroyo». Galván, concejal del PP en el Ayuntamiento y a la vez portavoz en la Diputación Provincial, ha sido inculpado esta semana por el juez de Instrucción número 1 por un delito de prevaricación por, supuestamente, haber favorecido los intereses de la constructora Mahía cuando presidía la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) mientras era delegado territorial de la Junta, entre los años 2001 a 2007.
En el auto, el magistrado señala que durante su presidencia de la CTU el constructor Ramón López, también procesado, le vendió un chalé en Galicia por precio declarado de 148.000 euros. Esta compra firmada en un notario de Zamora «aparece indiciariamente como ficticia, entregada de modo gratuito por gestiones anteriores del citado a favor de Mahía». El juez le relaciona también con la autorización de recalificación del 70% del municipio de Arroyo de la Encomienda, propiedad de la familia Ibáñez, que a su vez tenía participaciones en la constructora gallega .
Manuel Saravia calificó de «muy graves las imputaciones judiciales» y pidió al regidor que se pronuncie porque «no es una cuestión menor». Por su parte, el portavoz de IU en la Diputación, Salvador Arpa, solicitó al Partido Popular que «le aparte de los cargos institucionales», y consideró irónico que mientras el juez firmaba el auto de imputación este viernes, en el pleno de la Diputación García Galván votase a favor del Código del Buen Gobierno Local que recoge perseguir las conductas irregulares de los políticos.
En 2006, León de la Riva obligó a dimitir a su concejal Dionisio Miguel Recio de la sociedad municipal Emuva de Arroyo, que preside José Manuel Méndez. Precisamente al regidor independiente el portavoz del PSOE en Arroyo, Ismael Bosch, reclamó que «no dé la callada por respuesta y ofrezca la mínima explicación ante dichas imputaciones. De lo contrario habrá que entenderlas como ciertas».
Para el concejal socialista, con el dictado de este auto judicial después de seis años de investigación «se evidencia que buena parte de las actuaciones que se han llevado a cabo en el municipio de Arroyo son, desde el punto de vista legal y judicial, constitutivas de delitos de extrema gravedad». Los socialistas arroyanos llevarán el asunto al Pleno del próximo 8 de febrero.
La Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, que ejerce la acusación particular en el proceso judicial, se mostró hoy satisfecha por el auto del juez, ya que «representa un trabajo contracorriente de casi seis años». El colectivo resaltó que «no todos los vecinos de Arroyo miran para otro lado cuando se adoptan decisiones arbitrarias desde el Ayuntamientop, que perjudican a los intereses de todos».
