Juan Vicente Herrera durante la rueda de prensa en la que ha anunciado las decisiones tomadas en el Consejo de gobierno de la Junta de Castilla y León / R. Gómez
Principales medidas
Alrededor de 140 millones de euros es lo que espera recaudar la Junta a lo largo de 2012 con la imposición del llamado céntimo sanitario, que en la comunidad autónoma se va a plasmar en una subida de cinco céntimos en el litro de gasolina y de gasóleo, salvo en los casos del combustible destinado a la calefacción o a las labores agrícolas. Esta es la principal medida del Consejo de Gobierno, monográficamente dedicado a establecer criterios para controlar el déficit, el gasto público y paliar la caída de los ingresos como consecuencia de la menor actividad económica.
La medida fue justificada por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, como imprescindible para compensar la reducción de casi el 50% de ingresos en los tributos cedidos por el Estado, que hasta el momento eran de los que mayoritariamente se nutrían las arcas autonómicas. El impuesto sobre los carburantes es el primero de carácter exclusivamente regional que se impone en la historia de Castilla y León, y llega acompañado de tasas especiales sobre la producción eléctrica -que no repercutirá sobre la factura-, y sobre la eliminación de residuos en vertederos.
Las novedades impositivas afectarán también al impuesto sobre el Patrimonio, que el Gobierno regional recaudará para ingresar 37 millones de euros que destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía. Recaerá sobre patrimonios mas elevado. A cambio, el presidente anuncia que no se tocarán el de Sucesiones y Donaciones, el tramo autonómico del IRPF y que el marco de beneficios fiscales se mantendrá como hasta ahora, con la novedad de que se acentuará el criterio de beneficiar a las familias con menos recursos económicos.
Por lo que respecta a los empleados públicos, la Junta va a congelarles el sueldo en 2012 y va a aumentar su jornada de trabajo a 37,5 horas semanales y aumentará el control sobre el absentismo laboral. Esta medida de ahorro de gasto corriente se completa con otras como la reducción de los horarios de apertura de los centros públicos, o la reducción de los servicios de seguridad y limpieza. Objetivo: ahorrar 85 millones de euros
Pero junto a esta medidas, quizá las más llamativas, el Gobierno de Herrera ha prorrogado los presupuestos de 2011 para 2012 a la espera de conocer las previsiones del Gobierno de España sobre crecimiento económico. Según Herrera, el objetivo del decreto es garantizar plenamente el funcionamiento de la Administración y de los servicios públicos. Por ello, mientras el presupesto esté prorrogado -lo que se prevé que se prolongue hasta al menos marzo-, será la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, la que tenga que controlar y autorizar cualquier gasto, al efecto de que no se produzca la más mínima desviación sobre los objetivos de gastos y déficit que puedan poner en peligro las cuentas regionales.
La cuarta pata de las medidas del gabinete Herrera es el plan de estabilidad y disciplina presupuestaria, que persigue establecer un techo de gasto nunca superior al incremento económico. Este techo, una de las claves del nuevo diseño económico, deberá ser aprobado por el parlamento autonómico a propuesta del Ejecutivo regional y su finalidad es controlar el gasto público, algo que ya se cumple con brillantez para el presidente, pero en el que es necesario incidir.
Esta cuarta pata tendrá dos perfiles: la limitación del crecimiento del gasto público y un fondo de reserva al que se destinará el superávit de las cuentas autonómicas cuando exista, y cuyo destino único será disminuir la deuda de Castilla y León.
