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ISABEL G. VILLARROEL
Sábado, 3 de diciembre 2011, 14:40
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental otorgada en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la mercantil catalana Distiller S.A. para la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos en la localidad soriana de Ólvega. La anulación se fundamenta en una sentencia del mes pasado Tribunal Supremo que ha dejado sin efecto el Programa de Infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. La asociación Ecologistas en Acción de Castilla y León recuerda que la planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para el tratamiento de 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos, procedentes en su mayoría de Aragón, el País Vasco, Madrid, Navarra y La Rioja. Fue inaugurada el pasado mes de marzo por la exconsejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz. Miguel Ángel Ceballos, representante del colectivo verde, apunta que «María Jesús Ruiz siempre ha sido una firme partidaria de la importación de residuos tóxicos a la región como alternativa de desarrollo industrial y por eso aportó a la empresa catalana unas subvenciones públicas de 4,5 millones de euros».
Ecologistas en Acción se muestra satisfecha de la sentencia del TSJ, «que ayudará a cortar el tráfico de residuos tóxicos que ha convertido en los últimos años a Castilla y León en el principal receptor nacional de estos desechos gracias a las facilidades dadas por la Junta de Castilla y León para la instalación de todo tipo de instalaciones de tratamiento físico-químico, incineración y vertido». Compara dicha decisión con la declaración de ilegalidad de la nueva planta de la empresa también catalana Indureco en Venta de Baños (Palencia) paralizada judicialmente, las incineradoras de residuos peligrosos autorizadas en Carrión de los Condes (Palencia) y Medina de Pomar (Burgos) o la planta y el vertedero de residuos tóxicos de Cetransa en Santovenia de Pisuerga (Valladolid). Los ecologistas demandan la urgente redacción de un nuevo Plan de Residuos Industriales que sustituya al ya expirado, con la participación de todos los agentes interesados.
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