El investigador histórico especializado en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca Policarpo Sánchez cree “inmoral” entregar a la Generalidad de Cataluña la documentación de personas y organizaciones políticas, sindicales, culturales y asistenciales de otros ámbitos territoriales, que estaban circunstancialmente en Cataluña como refugiados. El “estricto cumplimiento” de la letra de la Ley, que se refiere a legajos “incautados en Cataluña” ha provocado, a juicio de Sánchez, una situación injusta que se agrava con la entrega al Gobierno catalán de documentación que quedaría al margen la Ley, pues fue incautada fuera de esa Comunidad, como es el caso de los papeles de Vinaroz.
Pese a todo, en su visita a Salamanca el pasado fin de semana, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, anunció esa nueva salida de fondos.
Sánchez ha querido salir de esta forma al paso unas declaraciones del director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, en las que calificaba de “brindis al Sol” las reclamaciones que, de un tiempo a esta parte, se suceden desde diferentes comunidades autónomas en relación a la salida de cajas de legajos originarios de las mismas.
Sánchez aseguró que su único interés en el asunto es “el de una persona que quiere dar a conocer a todos los ciudadanos lo que el Ministerio de Cultura se ha esforzado en ocultar, privándoles de su derecho a conocer la actividad de la Administración Pública en un asunto que afecta a todos, pues el Archivo de Salamanca pertenece a todos los españoles”.
Tras años de estudio, Sánchez, “asustado e impresionado por la forma en la que se intenta oficializar una mentira”, ha cifrado en un 80 por ciento la cantidad de la documentación entregada a Cataluña que debe ser devuelta al Archivo de Salamanca “o a donde decidiesen sus legítimos propietarios”. Blanco, por el contrario, argumenta que hubo un periodo de petición que finalizó el 31 de diciembre de 2010 y que únicamente se ejerció desde el País Vasco, Madrid y Cataluña. Pese a todo insiste en que, en virtud de la Ley, el gobierno catalán abrirá más adelante “un proceso para permitir que los particulares demanden o soliciten esa documentación”.
Es en la interpretación de la normativa donde Sánchez encuentra que se da un agravio comparativo entre comunidades autónomas “dado que en nada se parecen los procedimientos que la Ley 21/2005 establece para la entrega de la documentación a la Generalidad y el que establece del RD 2134/2008 para el resto de las comunidades autónomas”. Así las cosas, precisa Sánchez, la Ley 21/2005 establece en su artículo 2.2 la entrega física inmediata a la Generalidad de Cataluña de “toda” la documentación considerada privada mientras que el Real Decreto posibilita la entrega física “únicamente de la documentación cuyos titulares hubiesen sido identificados previamente por la propia comunidad autónoma tras un proceso cuyo farragoso desarrollo debía por añadidura llevar a cabo la propia comunidad autónoma”. De igual modo, la Ley referida al traslado a Cataluña permite a su Gobierno establecer su propio procedimiento en ejercicio de sus competencias con la resolución incluso de los recursos que los particulares pudieran interponer mientras que al resto de Autonomías, denuncia Sánchez, “se les impone un procedimiento que acaba resolviendo el Ministerio de Cultura, en el que se incluye la formación de una Comisión Técnica de la que la mitad de miembros han de ser designados por el propio Ministerio”. La crítica de Sánchez alcanza también a los plazos de restitución dado que, al caducar, Cataluña, según consta en el artículo 5.1, “conservará en sus archivos los documentos que no hubiesen podido devolver a sus propietarios legítimos” mientras que el resto de comunidades están obligadas a devolver al Centro de Documentación de la Memoria Histórica de los documentos no restituidos.
Sánchez reitera que PSOE, PCE, UGT y CNT “son las organizaciones más perjudicadas por la actuación del Ministerio de Cultura, al romper la unidad de sus archivos estatales por primar en la identificación de los documentos un principio de territorialidad en vez de su procedencia” y, de forma sobrevenida, el conjunto de los españoles también se ve afectado por el proceso dado que, continúa el historiador, “la falta de vigilancia y el acceso a determinadas zonas del Archivo del personal contratado por la Generalidad de Cataluña ha supuesto la desaparición o extravío de documentos”.
Para Sánchez, además, la actuación del Ministerio de Cultura ha supuesto la vulneración del artículo 105 b) de la Constitución Española, que reconoce el derecho de acceso a los archivos y registros e instituye el principio de publicidad en las actuaciones de los poderes públicos, “de modo que los ciudadanos tengan la posibilidad de controlar la actividad de la Administración”.
