El Comité de profesores regional recurre el Decreto-Ley que reduce el salario a los funcionarios

El Comité Permanente Autonómico de la Asociación Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (Aspes-CL) decidió interponer recurso contencioso administrativo contra el Decreto-Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, del Gobierno de la nación, es decir contra el Decreto Ley autonómico que reduce las retribuciones de las funcionarios de la Comunidad en consonancia con la decisión estatal.

El recurso, que se presentó el pasado lunes, día 21 de junio, plantea a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la necesidad de someter estas decisiones con rango de ley a algún control jurisdiccional ordinario, especialmente en cuanto a si concurren o no los requisitos previstos en el Estatuto de Autonomía para que la Junta de Castilla y León utilice este mecanismo normativo.

Mediante el recurso, además, se propone a la Sala que tramite una medida cautelar de suspensión de los efectos del Decreto-Ley autonómico, basada en la inconstitucionalidad del mismo y del Decreto-Ley estatal de cobertura, ya que ambos vulneran frontalmente los principios de seguridad jurídica e irretroactividad. A tal fin, una vez se admitiera a trámite el recurso y se recibiera la respuesta de la Junta a la solicitud de la medida cautelar, la Sala tendría que plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

En opinión de Aspes-CL, ta y como expone a través de un comunicado recogido por Europa Press, las decisiones estatal y autonómica de formalizar la bajada de los sueldos de los funcionarios mediante normas con rango de ley, que en principio solamente son recurribles ante el Tribunal Constitucional, impiden a los afectados en general, y muy en particular a las asociaciones y sindicatos reaccionar jurídicamente en defensa de sus intereses. Si este tipo de decisiones normativas se generaliza sin ningún control por parte de los tribunales ordinarios, en el futuro todos los ciudadanos nos encontraremos indefensos.

Además, y en cuanto al fondo del asunto, considera que los decretos son especialmente lesivos para el colectivo de Profesores de Enseñanza Secundaria, cuyas retribuciones quedan sustancialmente minoradas incluso desde el punto de vista relativo.

Por ello, Aspes-CL ruega a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como supremo órgano jurisdiccional de la Comunidad, que pondere con detenimiento la cuestión y las circunstancias que obligan a plantearla pese a las dificultades de su admisión a trámite y que realice, si lo considera oportuno, una interpretación progresista del ordenamiento vigente para integrar la laguna del control formal de los Decretos Leyes autonómicos.