Acabar con la anarquía publicitaria en la vía pública y armonizar estéticamente las calles para proteger el patrimonio arquitectónico de capital. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Valladolid con la modificación de la ordenanza de publicidad exterior, un cambio, aseguran, que se deriva de la nueva directiva de servicios. La Comisión de Urbanismo dictaminará hoy la nueva norma, que se debatirá en el pleno y que deroga la actual, que data de 1998.
En un articulado muy técnico se establecen las condiciones estéticas, medidas, distancias entre carteles o colocación que deberán tener los rótulos de los comercios, así como las prescripciones de ubicación y seguridad que deberán cumplir los trampantojos o las grandes vallas publicitarias que se sitúan en la periferia de la capital. El objetivo, subraya la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, es mejorar el paisaje urbano y evitar estridencias en estos carteles que puedan perturbarlo. No se trata de una unificación total en los estilos, pero sí de una armonización.
A falta de un censo municipal sobre los locales afectados, las estimaciones aportadas ayer por la Asociación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) arrojan que únicamente en el casco histórico más de 300 negocios (el 10%) deberán modificar sus reclamos exteriores para adaptarlos a la nueva ordenanza con un gasto que superará los 1.500 euros por tienda. El desembolso, destacan, se exige en un momento muy difícil en el sector y cuando muchos industriales ya han destinado 4.000 euros a renovar estos elementos. Las zonas más afectadas con este cambio serán los locales situados al principio del Paseo Zorrilla desde la plaza dedicada al poeta, o la calle Mantería, donde muchos establecimientos no se habían adaptado a las exigencias de la norma aún en vigor.
Críticas y confianza
La nueva ordenanza establece un periodo de dos años para que los locales comerciales de la capital se adapten a los nuevos requerimientos y «actualiza» el régimen sancionador para los infractores. Así, si hasta ahora las faltas leves se castigaban con 30 euros y las graves con multas hasta 90, el nuevo texto eleva la cuantía de las sanciones leves a los 750 euros y las graves hasta un máximo de 1.500.
El borrador ha sido recibido de forma diferente por los representantes del comercio minorista de la capital. Desde Avadeco destacan que su organización había solicitado una ordenanza de protección del paisaje urbano, que obligase también a las instituciones, incluido el propio Ayuntamiento, «que permite y promueve numerosos soportes publicitarios en el casco histórico, mientras a los comerciantes se les aplica un régimen estricto». Como ejemplo ponen la plaza de España «con un reloj-termómetro para vender publicidad, al igual que los recogedores de pilas o las marquesinas de autobús».
Avadeco asegura que la regulación es «contradictoria», porque en el caso del comercio aumenta las exigencias, mientras que «beneficia» la colocación de grandes vallas por las que el Consistorio recauda por la concesión de las licencias.
La organización anunció ayer que la estudiará a fondo para comprobar que se adapta a la directiva de servicios y exigirá «mayor claridad» para que su interpretación no quede en manos del técnico municipal de turno que haga la visita al local. Los portavoces de la asociación consideran que el cumplimiento de la norma de 1998 ha sido «aceptable» por parte de los establecimientos, «mientras que la actuación del Ayuntamiento en los últimos diez años ha sido arbitraria, porque hay calles donde han preferido no actuar, y actuaciones que fueron vergonzosas como la del Paraíso del Plástico», comercio al que se le obligó a retirar un cartel histórico del siglo XIX.
Javier Labarga, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva), valora positivamente la idea de unificar la cartelería del comercio porque, afirma, no se pueden permitir «cosas muy estridentes». Entre ellas destaca los rótulos de «algunos locales orientales que degradan la estética de algunas calles».
Labarga asegura que los establecimientos han tenido tiempo suficiente para adaptarse a la norma de 1998, que era mucho más exigente, y entiende que los dos años que da la nueva ordenanza tampoco ponen en demasiados aprietos a los negocios. «Que no es el mejor momento para un desembolso es verdad, pero estoy seguro que el Ayuntamiento va a ser flexible», remacha Labarga.
