Populares, socialistas y uno de los dos procuradores leonesistas del Grupo Mixto iniciaron ayer el año parlamentario poniéndose de acuerdo, aunque con matices, para ratificar de forma unánime el decreto ley que adapta la normativa autonómica a la directiva de la Unión Europea que liberaliza el establecimiento de negocios y la prestación de servicios.
La Junta aprobó el 23 de diciembre el texto, para que pudiera entran en vigor el 27 de ese mes, fecha en la que expiró el plazo dado por las autoridades europeas. El decreto ley que ayer recibió los votos favorables de los 79 procuradores presentes en el hemiciclo sustituye las licencias y autorizaciones necesarias para poner en marcha un largo listado de actividades económicas y profesionales, por comunicaciones previas del inicio de la actividad o una declaración responsable en la que el titular afirma que cumple todos los requisitos.
«Es una verdadera oportunidad para los emprendedores, al reducir los obstáculos que deben sortear para abrir sus negocios, generará más empleo y mejorara la calidad de los servicios que se dispensan a los ciudadanos», argumentó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien arremetió contra el Gobierno central por la demora en adaptar la legislación estatal, de obligado cumplimiento para las autonomías. De hecho, la ley que regulará el comercio minorista aún está en tramitación y mira por el espejo retrovisor el plazo vencido del 27 de diciembre. «El Gobierno de España ha iniciado la Presidencia de la UE incumpliendo la normativa de servicios», ironizó el portavoz de la Junta.
El decreto ley, fórmula que utiliza el Ejecutivo para sustituir a los proyectos de ley que tramitan las Cortes ante casos «urgentes y excepcionales», afecta a leyes de sectores tan dispares como el comercio, para el que se elimina la licencia comercial para establecimientos de menos de 2.500 metros de superficie, las carreteras, la mediación familiar, la caza, la sanidad animal y, así, hasta 21 normas de máximo rango.
Petición denegada
Esta amplia reordenación del panorama normativo de la comunidad vía decreto ley llevó a la portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Redondo, a plantear que el texto se convirtiera en una ley tras un debate urgente, «aunque profundo y sosegado», en el parlamento. «¿Podemos admitir que un decreto modifique de un plumazo 21 leyes? Algunas no está afectadas por la normativa comunitaria, como la de Caza, y en algún supuesto se puede lesionar el derecho a la intimidad y vulnerar la Ley de Protección de Datos e incluso el Estatuto de Autonomía», defendió Ana Redondo. Eso y que el decreto ley nazca con aspiración de perdurar en el tiempo «aconsejan su conversión en ley», recalcó la socialista. Los populares no fueron de la misma opinión y rechazaron esa solicitud.
