Recibieron la carta de su centro de acción social hace apenas un mes. Su contenido les dejó helados. En el encabezamiento de la misiva se lee: «La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia ha supuesto el inicio de un proceso de adaptación que los ayuntamientos y diputaciones veníamos prestando desde hace años a la nueva norma». Tras este párrafo introductorio, se advertía de un acuerdo, respaldado por todos los grupos políticos con representación en estas instituciones, para homologar los precios de estas prestaciones en Castilla y León. Acompañaba a este documento la nueva tabla de tarifas y se daban diez días de plazo para contestar si se aceptaban o no las nuevas condiciones. Ahí llegaba el hachazo para los más de dos mil pensionistas vallisoletanos, que durante los últimos tres años no han visto incrementado lo que abonaban por la ayuda a domicilio, un servicio muy bien valorado y que necesitan más que nunca en el ocaso de su vida. Un ejemplo, pero hay cientos: Con una pensión de referencia de 886 euros, un veterano que paga 57,10 euros por 44 horas de ayuda a domicilio al mes más el servicio de teleasistencia pasará a desembolsar 221,35 con el Año Nuevo. «Una burrada», critican los familiares. «Eso no se puede aplicar de una sola vez, tendrían que haber avisado o hacerlo en varios años», añaden.
Este «inesperado» 'super IPC' para una población de economía y salud débil ha provocado la reacción inmediata de un buen grupo de mayores y también de la oposición en el Ayuntamiento. El concejal de Izquierda Unida, Alfonso Sánchez de Castro, quien califica esta igualación de «brutal», ha solicitado al Consistorio fórmulas para que la homologación se aplique de forma gradual. «Estas personas van a tener que dedicar entre el 10% y el 30% de su pensión a pagar este servicio», advierte el edil, quien reclama una partida de 165.000 euros de los presupuestos municipales para paliar, en la medida de lo posible, un incremento que tiene lugar, además, en un momento de crisis económica profunda.
La concejala de Bienestar Social, Rosa Hernández, es consciente de la preocupación que ha generado una situación que, recuerda, trasciende de las competencias municipales y que también ha sido apoyada por todos los partidos. No obstante, realiza varias acotaciones. Primero: «Si haces una ley para reconocer unos derechos, tienes que dotarla económicamente», subraya en este mensaje dedicado al Gobierno de Zapatero. Segundo, se garantiza que los usuarios mantengan una renta de al menos 527 euros al mes para vivir. Tercero, la congelación durante tres años del precio del servicio supone que se han ahorrado un dinero durante todo este tiempo. Una cantidad muy importante que ha sido asumida por las arcas municipales.
