Pilar García no puede hablar. Desde hace nueve años descansa en la cama de su casa de Barrio España. Sufre un coma vegetativo, que obliga a atenderla las 24 horas al día. Su hija Rocío, junto con sus hermanos, es una de las encargadas de hacerlo, pero la familia no puede estar al pie del cañón todo lo que quisiera. Hay que trabajar. Desde hace siete años recibe ayuda a domicilio por parte de una asistenta «que ya es de casa». Otro ángel, que incluso fuera de su horario de trabajo va a visitar a la paciente. En este mundo todavía hay buena gente y los Matilla-García tienen un ejemplo muy cerca.
Ahora, el servicio es de dos horas y media diarias de lunes a viernes por las que paga 50,96 euros al mes. La «dichosa» carta que llegó en noviembre subirá la tarifa hasta los 273,61 a partir del 1 de enero. A este dinero, se suman 1.100 euros mensuales para pagar a una empresa privada que pueda atender a esta mujer enferma a mediodía, los fines de semana y festivos. Un dineral, que se soportan como buenamente pueden con una pensión de viudedad de 810 euros al mes. «Mi padre dejó un dinero, que cada vez va a menos», admiten. Sin embargo, lo tienen claro. «Mientras mi madre pueda estar en su casa, va a estar en ella», recalca convencida su hija Rocío.
Esta comprometida activista vecinal en La Rondilla sabe que el precio que se está pagando por la ayuda a domicilio es bajo comparado con el del mercado y asume que hay que actualizarlo, «pero no así». «La carta está firmada por la trabajadora social, ningún responsable del Ayuntamiento ha querido asumir la responsabilidad y no se dice qué normativa es la que obliga a homologar los precios, te dan diez días para decidir y si no contestas te dan de baja», critica.
A su juicio, el Consistorio debería haber actualizado las tarifas en los últimos tres años o aplicar la subida de forma gradual. No este golpe, que obligará a muchos a prescindir de una ayuda «que necesitan de verdad». «Deberían haberlo negociado mejor con la Junta».
