Ramón López Casal, propietario de la construtora Mahía, reconoció ayer ante el juez que investiga desde hace más de tres años las recalificaciones urbanísticas en Arroyo de la Encomienda, donde esta promotora gallega tiene importantes intereses urbanísticos, el contrato de préstamo por importe de 180.303 que se hizo en mayo del 2001 al entonces concejal del PP y hoy alcalde independiente, José Manuel Méndez Freijo.
«Fue en efectivo. Era por la tarde, había dinero en ese momento y se hizo así en Santiago de Compostela. Méndez fue allí. La coordinación la hizo José Presas. No es habitual hacerlo en efectivo, porque tampoco se hacen estos préstamos habitualmente», declaró el presidente de Mahía que sin embargo no recordaba qué tipo de billetes eran (entonces 30 millones de pesetas). «Yo no cuento el dinero. Fue la gente de caja, como tampoco Méndez lo contó» , respondió al fiscal José María Martínez.
Este crédito, que debería de haberse devuelto en tres meses, según lo pactado, no tendría interés judicial sino fuera porque Méndez era teniente alcalde de Arroyo desde 1999 y durante esos años se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), recalificaciones y aumentos de edificabilidad a Mahía, en algunos casos declarados ilegales por el Tribunal Superior (TSJ).
Aunque en la contabilidad oficial en el Registro Mecantil los 180.303 euros figuraron hasta el 2005 como pendientes de cobro, Ramón López dijo que el «préstamo figuró como no devuelto porque no llegó a Mahía, ya que lo tenía Presas», uno de los socios de José Manuel Méndez en la empresa Recreativos Dema. «Presas sí era de la empresa (Mahía) pero tenía el dinero para su uso», dijo López, que reconoció que José Presas fue accionista de la constructora y «en otros negocios» con el dueño de Mahía durante los últimos años en que Méndez ha ocupado un cargo público, primero como edil y luego como alcalde con un sueldo municipal superior a 60.000 euros al año.
Convenio para 2.984 pisos
Sobre el convenio urbanístico que Méndez firmó en junio del 2005 por el SAU 9 con María Iluminada Miguel, una antigua empleada del regidor en Dema y apoderada desde el 2002 de Mahía, Ramón López dijo que «nunca hablé con el alcalde, ni cuando era teniente de alcalde. No fue más allá de algún café», dijo. Sí reconoció que una empresa del grupo Mahía vendió en el 2004 un piso a pie de la playa de Villagarcía de Arosa a José Manuel Méndez por 79.198 euros alcanzando su valor dos años después los 150.000 euros. Tanto el regidor como el dueño de la constructora señalaron que esta venta sobre plano se hizo dos años antes de la escritura, aunque no han aportado documento de esta operación al juez.
Las tres declaraciones de ayer en el juzgado número 1 demostraron, a juicio de la acusación popular, «un verdadero círculo de relaciones societarias e intereses que van desde un empresario del juego y socio de Méndez (Presas), un constructor (Ramón López) a su vez prestamista sin intereses de un político local y su empresa, encargado de promover recalificaciones en Arroyo, y un regidor-comprador de un piso a un precio muy inferior al de mercado».
En su declaración durante casi una hora, José Presas Zobra insistió en que el préstamo de Mahía se utilizó para Dema. «López Casal no me exigió intereses y por eso no se los pedí a Méndez. Con el dinero lo que hice fue tapar agujeros propios, por eso no lo devolví hasta el año 2006». Fue a mediados de ese año cuando el juez abrió diligencias por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Presas aseguró que recomendó a María Iluminada Miguel, hija del presidente del Balonmano Valladolid, al presidente de Mahía para que la contratase como administrativa ya que había sido despedida de su empresa Dema. 20 días después, el dueño de Mahía la contrató. Familiares de esta apoderada fundaron un año más tarde la sociedad Dafranma, a la que Mahía pasó a subcontratar trabajos de pisos en Arroyo, León, Palencia y Salamanca.
