Ha pasado buena parte de su vida desde 1986 como jurista entre despachos, unos privados y otros públicos. Desde finales del 2008, forma parte del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Grupo Vasco y con el apoyo del Congreso de los Diputados. Además de supervisar los órganos judiciales del País Vasco, Cantabria y Galicia, Margarita Uría, vizcaína, tiene en su mesa los expedientes disciplinarios contra miembros de la carrera judicial.
-¿Funciona realmente la mediación penal en España?
-Está funcionando con unos resultados verdaderamente sorprendentes. Quizás es más conocida la mediación familiar en muchas comunidades, pero la penal ya está implantada en cerca de 90 juzgados de toda España. En Valladolid es buena noticia que existan ya tantos juzgados y que haya otros que estén dispuestos a sumarse a este sistema. Es significativo que esto suceda en una ciudad donde la autonomía no tiene todavía competencias en materia de Justicia.
-Con la mediación, ¿los jueces trabajan menos?
-No se trata de eso sino que hay vocación en la judicatura de que es necesaria una justicia restaurativa para reconciliar los intereses de las partes y dictar luego una sentencia. Un acuerdo por mediación puede ser más valioso que una sentencia.
-Con tanta mediación los abogados se van a quedar sin trabajo.
-No es tanta, pero en todo caso para estos procesos hacen falta personas con una formación en Derecho, como un letrado o un procurador.
-¿Qué le parece que los fiscales pacten las penas con los acusados antes de comenzar el juicio?
-Se trata de llegar a unas soluciones más justas. En materia de menores da un excelente resultado y en materia penal la Fiscalía está muy comprometida en los procesos de conformidades.
-¿Y qué que los fiscales reclamen competencias para investigar delitos?
-Esta iniciativa corresponde al Gobierno, no al órgano de los jueces, si decide finalmente presentar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo no debo pronunciarme sobre esta cuestión.
-Los jueces han protagonizado este año dos huelgas, ¿habrá una tercera?
-Espero que no.
-¿Qué opina del Plan para Modernizar la Justicia del ministro Francisco Caamaño?
-Estamos ante un escenario donde las carencias de la Justicia son tremendas, y ahora la conjunción de elementos, como el compromiso presupuestario del Gobierno y el movimiento de jueces reivindicativo, indica que las cosas pueden empezar a rodar de una manera distinta. A ver si es verdad.
-Los jueces de la APM piden un Plan de Pensiones como tienen los diputados y senadores.
-No tengo duda que los jueces son un poder del Estado y tienen legitimidad para reclamar unas mejores condiciones como clases pasivas, pero esas modificaciones normativas corresponden al Gobierno. Desde el Poder Judicial hemos iniciado estudios sobre el tratamiento que se debe de dar a los magistrados tras la jubilación.
