Aunque la Junta respeta la sentencia, no está conforme con el fallo del TSJ y su director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, anunció ayer que con «toda probabilidad los servicios jurídicos presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo», lo que supondrá que esta norma no sea firme al menos dos años más.
Arranz explicó a este diario que cada año hay unas 400 reclamaciones de ganaderos por los daños cometidos por lobos, la mayoría de ellos en la zona sur del Duero.
Para ello, la Junta tiene suscritas pólizas de seguros con franquicias con los que se intenta hacer frente al coste por los daños de las manadas. Cuando el animal está al norte del Duero, el lobo se considera especie cinegética por lo que son los dueños de los terrenos (incluidas las reservas de caza de la Junta y los cotos) los que deben de hacer frente al pago de estos daños. Sin embargo, cuando se trata del sur son los ganaderos los que deben de tener un seguro y hacer frente al coste, ya que se considera que es especie protegida.
