La herida sigue abierta y aún sangra en la memoria colectiva no sólo de Valladolid, sino también de El Salvador y Centroamérica, donde los nombres de dos jesuitas vallisoletanos, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, son recordados con orgullo y ensalzados con actos póstumos, homenajes y condecoraciones, redoblados durante estos días porque el calendario se ha empeñado en clavar agujas en el recuerdo. Este lunes se cumplen 20 años del brutal asesinato de seis jesuitas -entre ellos, los dos vallisoletanos- en El Salvador.
Allí era la madrugada de un jueves, del jueves 16 de noviembre de 1989, con el país centroamericano golpeado por una Guerra Civil que hundía sus raíces en 1980 y cuyos ecos llegarían hasta 1992, con 75.000 personas muertas en ambos bandos. Aquella noche, aquel jueves, un grupo de uniformados -en el marco de una ofensiva emprendida por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hoy partido del Gobierno- entraba a las 2.30 horas en la residencia de los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador.
Con metralletas
Los militares -que veían a los jesuitas como corrosivos teólogos de la liberación y cómplices del comunismo- empuñaron las metralletas y, a sangre fría (un lema recurrente allí y entonces era: 'Haga patria, mate un cura'), asesinaron a los seis sacerdotes (que dormían en sus camas) y a dos mujeres, Julia Elba, la cocinera de la casa religiosa, y Celina, su hija de 15 años, que habían solicitado a los jesuitas quedarse con ellos en la residencia de la Universidad, ya que la violencia y los combates se habían intensificado esos días en la capital. Después de la salva de disparos, y no contentos con asesinarlos, los militares lanzaron una bomba incendiaria en el inmueble. «Algunos de los asesinados, que fueron arrastrados hasta el exterior, tenían destrozadas las cabezas», contaba el periódico. Porque al día siguiente, Valladolid se desayunaba con la trágica noticia y una fotografía estremecedora en la primera página de EL NORTE.
Allí se veía a una de las víctimas tendida en el suelo, boca abajo, con un enorme charco de sangre a su alrededor, el líquido vital metiéndose en las juntas de las baldosas. Al fondo, la cama desecha de la que fue arrancada la víctima y a su alrededor armarios llenos de papeles. «Seis jesuitas y dos mujeres, asesinados por elementos uniformados en San Salvador», titulaba el periódico ese día. Hoy, 20 años después, la memoria sigue viva y lo demuestra el ramo de flores que abraza el monolito erigido en 1991, en recuerdo a los dos vallisoletanos asesinados, en la calle Francisco Javier Martín Abril. El Ayuntamiento también les dedicó una calle en Arturo León; en Parquesol está el colegio Ignacio Martín Baró y en la calle Núñez de Arce tiene su sede la Fundación Segundo y Santiago Montes.
Hoy, 20 años después, la herida sigue abierta porque la Justicia aún no se ha decidido a cerrarla. Un jurado compuesto por cinco personas elegidas por sorteo acordó el 29 de septiembre de 1991 absolver a siete de los nueve militares acusados del asesinato porque el Ejército salvadoreño «no aportó pruebas suficientes». Dos años después, la Comisión de la Verdad, hizo público un informe -entregado a la ONU- en el que concluía que René Ponce, el ministro de Defensa, dio la orden de matar al rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio Ellacuría, «sin dejar testigos». No sirvió de nada, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una amnistía general y los dos únicos condenados quedaron en libertad. Todos de rositas. Hoy son empresarios, jubilados, altos cargos del Ejército. Y libres. Este enero, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra 14 militares de El Salvador para que se reabra el caso.
