LAS FECHAS
La organización agraria Asaja Valladolid ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) contra la resolución de 25 de junio del 2009 de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la relación de los cultivadores que han tenido derecho a cobrar las ayudas de reestructuración procedente de Bruselas así como la cuantía estipulada para cada uno de ellos. En total, se recoge el reparto de más de 13,6 millones de euros entre 2.160 agricultores y 27 maquileros.
La cuantía del recurso, sin perjuicio de que sea fijada de forma más precisa una vez que se dé traslado del expediente administrativo, se estima en 17.000 euros.
Oficialmente se trata de la relación número 1/2007 y 2/2007 de beneficiarios de la ayuda destinada a productores de remolacha azucarera en el marco de los planes de reestructuración presentados por la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR, conforme al Reglamento (CE) número 320/2006. Esto quiere decir que son aquellos remolacheros que se han visto afectados por el cierre de la planta que la cooperativa vallisoletana tenía en la capital y que tuvo que cerrar como consecuencia de la reestructuración del sector al aplicarse la OCM del azúcar.
La resolución se aprobó el 25 de junio del 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de julio, fecha en la que Asaja Valladolid presentó el recurso ante el TSJ pidiendo explicaciones sobre el reparto de esas ayudas después de «hayamos insistido ante la Consejería» en muchas ocasiones para que se explicase, según el presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez.
Todo empezó cuando el 10 de marzo del 2008 la Consejería de Agricultura llegó a un acuerdo con las dos industrias azucareras para reducir a la mitad la producción de remolacha en España tal y como ordenaba la OCM del azúcar. «El acuerdo no se firmó con el sector», explica Rodríguez antes de puntualizar que Castilla y León «es la única comunidad, que además es la de mayor producción de remolacha», en la que no se ha alcanzado un acuerdo interprofesional para reducir la producción, es decir dando participación a los agricultores. «Nosotros y todos las organizaciones agrarias nos manifestamos en contra en ese momento» porque «nos parecía un desagravio» con el remolachero.
La redacción de este acuerdo era a su vez la aplicación del Real Decreto 890 del Ministerio de Agricultura del 22 de julio del 2006, por el que se cedía a las comunidades autónomas la responsabilidad de llevar a cabo el mandato de la Comisión Europea de reducir a la mitad la producción nacional de azúcar. «En Andalucía y Castilla-La Mancha, junto con Extremadura» se llegó a un acuerdo interprofesional, asegura Rodríguez, que no entiende por qué no ocurrió esto en Castilla y León.
A su juicio, no haber participado en estos acuerdos les ha impedido tener información sobre cómo se iba a hacer el reparto de las ayudas que Bruselas prometió a industrias y productores si reducían a la mitad la cuota nacional de azúcar. En España se llegó, pero los cultivadores de Castilla y León no sabían, según Asaja Valladolid, los criterios que se iban a seguir para identificar quiénes tenían derecho a cobrar las ayudas que llegarían de la UE a razón de 300 euros por tonelada de azúcar que se abandonaba en el país.
La primera industria en presentar su plan de reestructuración, y en cerrar por tanto una fábrica, fue Acor que clausuró su planta de Valladolid. De ahí que, cuando el 31 de julio del 2009 apareció publicada en el Bocyl la lista de perceptores de las ayudas así como las cuantías, Asaja acudiera al TSJ para pedir explicaciones sobre ese reparto porque además, la resolución de la Dirección General «no ofrece posibilidad de alegar o recurrir», se queja Rodríguez.
Les llama la atención que «no se haya hecho comunicación pública» de la recepción de esas ayudas puesto que, en muchos casos, «los agricultores nos han venido preguntando sobre cantidades invertidas en sus cuentas corrientes que no sabían de dónde procedían». Según Asaja Valladolid, como organización más representativa de la provincia teníamos «la responsabilidad» de pedir explicaciones, sentencia Rodríguez.
