El pleno fue extraordinario, pero más por la inusual presencia de los empresarios en las bancadas del público que por los asuntos a tratar, sobradamente conocidas las posturas de todos los grupos municipales. El problema del contrato con UFC sobre el edificio municipal fue, como se esperaba, el que mayor controversia levantó, a pesar de que hace dos años, al comienzo del mandato de Rosa Valdeón, todos habían votado a favor de anular el contrato por ser muy oneroso para el Ayuntamiento. Anoche, la defensa realizada por el portavoz del PP y concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, sobre las bondades de la operación de arrendamiento con derecho a compra de las nuevas oficinas municipales, llevó a los grupos de la oposición a «dudar» de las intenciones de los populares de querer anular el contrato.
Fernández, además, tiró de las actas para repartir las responsabilidades del acuerdo de pleno del 2 de febrero del 2006 que aprobó la adjudicación a UFC, lo que fue rápidamente contestado por el concejal de IU, Francisco Guarido, quien recordó que su grupo votó no a la operación desde el principio por considerarla dudosa. También se removieron en sus escaños Miguel Ángel Mateos, de Adeiza, y Carlos Hernández, del PSOE, quienes puntualizaron que la abstención de sus respectivos grupos en aquella sesión no podía ser interpretada por el PP como beneplácito, «entre otras razones, porque cuando se aprobó la adjudicación», subrayó Mateos, «ustedes tenían mayoría absoluta en la Corporación».
Durante el debate, el portavoz del grupo de independientes se desmarcó de IU y el PSOE, quienes solicitaron que el contrato con la filial de Begar se ponga en manos del fiscal porque consideran que puede haber indicios de prevaricación en cómo se llevó a término «un acuerdo privado entre el entonces teniente de alcalde Ángel Macías con UFC, que no se hizo con luz y taquígrafos y que lo que se firmó nada tiene que ver con el pliego de condiciones».
Pero el portavoz del Partido Popular dejó claro que el equipo de Gobierno no llevará el asunto a la Fiscalía porque, dijo, «no se puede hablar de estafa, prevaricación o negocio nefasto». Simplemente, indicó, «las condiciones han cambiado y tenemos que aprovechar los fallos de la operación para intentar anular el contrato». La primera idea, pedir la anulación radical, ha sido desaconsejada por el Consejo Consultivo, que sugiere la vía de la nulidad relativa o nulabilidad, que consiste en declarar que el contrato, valorado en 52 millones de euros en 25 años, es lesivo para los intereses municipales. Aunque se consiga anular la adjudicación, reconoció Fernández, ello no significa que el Ayuntamiento no tenga que pagar una indemnización a la empresa.
La apertura de un expediente de nulidad relativa salió adelante con la abstención de Adeiza e IU y los votos en contra del PSOE, que considera que el Ayuntamiento va a perder el caso por esta vía.
La sesión comenzó con la toma de posesión de sus escaños en el grupo socialista de Mar Rominguera y Mariví Portos, quienes sustituyen a Pilar de la Higuera y Luis Carlos López. Después entraron los representantes de la CEOE-Cepyme y de la Cámara de Comercio, arropados por una treintena de empresarios de la construcción, promotores y otros industriales de la capital, que hicieron así patente el malestar del sector por la tardanza en la aprobación del PGOU. Quince minutos aproximadamente permanecieron en el pleno. El presidente de la Cámara, Manuel Vidal, advirtió que las presiones de los empresarios continuarán.
