La Audiencia de Valladolid ha decidido archivar la querella por coacciones y amenazas que el Grupo Urbespacios S.L. presentó a finales de agosto contra el concejal y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Óscar Puente, en relación a su declaración de que acudiría a los tribunales si la Comisión Territorial de Urbanismo aceptaba subrogarse en las competencias municipales para sacar adelante el proyecto urbanístico de Valdechivillas, promovido por el querellante.
En su auto, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial que preside el magistrado José Luis Ruiz Romero estima así el recurso de apelación interpuesto por Puente contra el auto dictado el día 4 de septiembre por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que admitió a trámite la querella presentada contra él por el presidente de Urbespacios, Juan Antonio Cantalapiedra, y, por ende, resolvió el archivo de las diligencias, según informaron fuentes jurídicas.
En aquel auto se acordó admitir la querella presentada por el hermano de la concejal de Cultura, Comercio y Turismo, Mercedes Cantalapiedra, por delitos de coacciones y amenazas contra Óscar Puente y se desestimó la querella en cuanto a los delitos de injurias e inducción al delito que le imputaba también Urbespacios. Dicho auto inadmitió entonces la querella también presentada, por idénticos hechos, contra los ediles Javier Izquierdo y Maite Carbajo.
Ahora, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que revoca el citado auto del juez y acuerda la inadmisión íntegra de la querella, recuerda que Puente no hizo otra cosa que un "ejercicio legítimo de un derecho" cuando el día 12 de agosto, en rueda de prensa, anunció que emprendería acciones judiciales por prevaricación contra los miembros de Urbanismo que votaran a favor de subrogarse en las competencias municipales sobre Valdechivillas, así como contra el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, el presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, y el secretario regional de dicha formación, Alfonso Fernández Mañueco.
Al respecto, el tribunal vallisoletano incide en que "cualquier persona puede denunciar los hechos de los que tenga conocimiento y considere que son constitutivos de delito".
Alude así a lo hecho por el político socialista cuando realizó aquellas declaraciones y, además, remitió un escrito dirigido a la Comisión Territorial de Urbanismo advirtiendo de la ilegalidad que supondría asumir competencias del Ayuntamiento de Valladolid con respecto a la aprobación provisional del plan de Valdechivillas, tal y como pretendía Urbespacios para desatascar un proyecto que prevé la construcción de más 15.000 viviendas y que contaba con la fuerte oposición del Grupo socialista e incluso de dos ediles del PP.
