¿Qué puede haber dentro de una caja de seguridad guardada durante años en una oficina bancaria? ¿Qué pasa si su titular no acude a retirarla? Parte del secreto se develó ayer cuando un notario de Valladolid acudió a levantar acta, a petición de Banesto, a la sucursal que esta entidad tiene en la calle Galatea 3 de la capital.
El cierre de esta oficina, anunciado el pasado 24 de septiembre por traslado a la calle Mantería, dejaba un último 'mueble' pendiente de destino: las cajas de seguridad. Pero la ley establece que estos depósitos no pueden ser abiertos salvo autorización judicial o en presencia de un notario.
Y así fue. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el pasado 21 de octubre un anuncio para aquellos particulares a los que se comunicaba la apertura de 47 cajas de seguridad, cuyos titulares no habían acudido a retirar los objetos depositados en ellas, o en algún caso sus herederos o familiares desconocían su existencia.
«Este tipo de aperturas es habitual con los traslados de oficinas y nosotros sólo certificamos lo que hay en ellas», explicó el notario actuante.
Y si lo que está dentro es un arma o una sustancia estupefaciente, ¿qué sucede? «En ese caso estamos obligados a comunicarlo inmediatamente a la Policía», dice el fedatario público.
Los contratos suscritos entre clientes y la entidad bancaria recogen la absoluta confidencialidad hasta el punto que el empleado se limita a facilitar el acceso a la zona de las cajas, pero no ve cuál es el contenido depositado. Habitualmente son escrituras, testamentos, joyas y sobre todo dinero lo que se deja. Se sabe que la discreción es una de las máximas financieras y por ello tampoco se pregunta si los fajos de billetes que dejas son 'blancos o negros'. «Nosotros no podemos saber si su origen es lícito», comenta un empleado de banca. Otro, intuye que el 'boom inmobiliario' llenó estos cofres en la última década, aunque «se han vaciado recientemente».
Alquilar una caja de seguridad, con una capacidad de más de 20 decímetros cúbicos, supone el pago de entre 126 y 189 euros anuales «negociables con el cliente». Ayer, el notario acreditó la apertura de once de las 47 cajas anunciadas, y los objetos inventariados se depositaron en una bolsa que ha quedado bajo control de la entidad. Si no se reclaman, pasarían al Estado en varias décadas.
