DATOS DEL PLAN DE AGRESIONES
Anecdóticas hace una década, ahora la agresiones contra el personal de centros sanitarios son una constante y dolorosa realidad. La violencia, verbal y física, en centros de salud y hospitales crece, y lo hace por la dificultad de una asistencia masificada, al amparo de una equivocada concepción del servicio público y gratuito y, sobre todo, como resultado de una pérdida de respeto al médico y a estos trabajadores en general.
Sanidad puso en marcha en julio del 2008 el registro de agresiones que, al menos, ha permitido contabilizar estos incidentes para poder conocer con el tiempo el comportamiento de estas conductas y su evolución. Así, desde entonces y hasta el pasado día 30 de septiembre, en tan sólo quince meses, los centros de salud y hospitales de Valladolid han constatado 99 sucesos agresivos que han sumado 116 víctimas. Aunque conocer la evolución es difícil, una comparativa entre los primeros ocho meses y estos últimos siete evidencia un claro incremento de estos sucesos. Así, el primer tramo registró 40 casos con 46 trabajadores agredidos y los últimos siete meses constatan este aumento con 59 agresiones y 116 afectados.
Antes de este registro, los únicos datos recogidos son los del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid y el sindicato Satse; pero estas organizaciones sólo contabilizaban los casos que les llegaban y de los profesionales concretos que defendían, médicos y enfermeros. Así, la organización colegial contabilizaba 38 agresiones en el 2005, 37 en el 2006 y sólo 9 en el 2007, un descenso que justificaba entonces por el efecto positivo de las campañas y, sobre todo, de la presión judicial. El sindicato de Enfermería había registrado 28 en toda Castilla y León desde septiembre del 2001 a finales del 2005.
Las cifras van en aumento y las dos áreas de Valladolid constatan claras diferencias numéricas. La Este registra en dicho periodo 56 incidentes y 66 agredidos y la Oeste, 43 y 50 respectivamente. Esta última área de salud tiene menos centros de salud conflictivos dado que atiende al sur y centro de la ciudad frente a la otra zona que abarca barrios más problemáticos.
Para frenar esta situación que se da en todo el país, la Consejería de Sanidad puso en marcha un plan de medidas, pactado con los sindicatos del sector, que el 17 de noviembre incorporará la puesta en marcha del Observatorio. Además, esta estrategia contempla el asesoramiento y defensa jurídica, de manera que el seguro contratado por la Gerencia Regional de Salud cubre las contingencias las 24 horas del día con abogados en ejercicio, incluida la reclamación por daños y perjuicios y, en su caso, la defensa penal. En total, según los datos facilitados ayer por el consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, se han dictado 38 sentencias condenatorias; de las cuales seis han sido calificadas como delito de atentado contra funcionarios público y, por lo tanto, con pena de prisión. Hay además otros 32 asuntos judiciales en trámite.
Sacyl también ha desarrollado una evaluación de riesgo en todos los centros, distribuido 55.000 dípticos con el protocolo de actuación, charlas informativas y 222 cursos con más de 5.600 participantes. También ha adoptado medidas preventivas concretas como la contratación de vigilantes de seguridad en 21 centros de la región, la instalación de cámaras y circuitos cerrados de televisión en otros 31; de botones antipánico fijos y portátiles, en 118; así como rondas de vigilancia y la implantación de sistemas de información en urgencias. Además ha propuesto que la futura Ley de Ordenación y Planificación del Sistema Sanitario incorpore la posibilidad de la sanción administrativa que contemplará desde una infracción leve por el uso incorrecto de las instalaciones hasta las muy graves por resistencia o coacción.
