La contaminación por emisiones electromagnéticas suscitó, y aún lo hace, una fuerte polémica y posturas absolutamente contrarias. Las administraciones defienden el control y el seguimiento pero consideran que, dentro de los márgenes legales y de las recomendaciones de organismos reconocidos como la OMS (Organización Mundial de la Salud) o el Ministerio de Sanidad, hay seguridad. En el otro lado de la moneda, numerosas organizaciones sociales y de vecinos defienden que la legislación es muy permisiva y no suficientemente protectora de la salud porque lo es de los intereses económicos y del desarrollo que estos avances tecnológicos suponen. En cuanto a los estudios científicos, los hay de todos los colores.
Y mientras esta pugna sigue, al menos las emisiones de las instalaciones radioeléctricas son medidas y controladas con los márgenes que propone la legislación vigente, algo que hace simplemente un lustro no se hacía. Así, la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad encargó al departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática de la Universidad un meticuloso trabajo de medición de esta contaminación de radiaciones no ionizantes en cada una de las nueve provincias cuyos resultados destallados se harán públicos esta semana en la página web de Sanidad.
Las conclusiones de esta investigación confirman que los niveles registrados en la capital vallisoletana «son muy bajos respecto a los límites establecidos por la legislación española», también en el resto de la comunidad. Ingenieros superiores han cuadriculado el mapa de la ciudad con un sesgo positivo, es decir, en busca de las mayores concentraciones de instalaciones. El trabajo ha tomado 600 medidas en banda ancha y 22 en banda estrecha destinadas estas últimas a precisar las frecuencias de las radiaciones recibidas. Este cambio de registro «busca identificar mejor la situación, filtrar aún más pero no por problemas de contaminación», explica el director de la Agencia, Jorge Llorente. El número analizado es «lo suficientemente elevado como para reflejar con el rigor adecuado los niveles de exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en vías públicas y otros puntos de interés en la ciudad», recoge el estudio. Es el mismo número de puntos, aunque no coinciden todas las zonas, del estudio similar y con parecidos resultados efectuado en el 2004.
Las fuentes de emisión que ha estudiado el equipo de Telecomunicaciones son las procedentes de televisión analógica y TDT, de la radiodifusión en AM y FM y de la telefonía móvil -GSM, DSC-1800 y UMTS- y la normativa considerada para conocer si los niveles de exposición son legales ha sido el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre y la Orden CTE/23/2002 que lo desarrolla.
Las medidas se han realizado a nivel del suelo, en calles, parques y otras zonas accesibles por el público en general.
La exposición electromagnética a las radiaciones no ionizantes en el rango de frecuencias comprendido entre 100 kiloherzios a 3 gigaherzios en la ciudad es muy baja comparada con los niveles de la citada legislación sobre condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
La mayoría de los valores registrados en las zonas céntricas de la ciudad «caen por debajo del umbral de sensibilidad del aparato de medida, como consecuencia de que la propagación electromagnética se produce con dificultad en lugares con edificios y en presencia de obstáculos», constata el informe. Las zonas abiertas recogen, generalmente, niveles más altos por la mejor propagación de las radiaciones. En las proximidades a las picoantenas, situadas normalmente en el centrourbano, «también se observan niveles por debajo siempre del máximo permitido».
En cuanto a la banda estrecha, las medidas realizadas han confirmado que el valor más alto de intensidad de campo eléctrico de 4,02 voltios por metro registrado en banda ancha en la capital, procede de emisiones de FM y AM; aún así es un valor muy bajo en comparación con el máximo permitido, que es de 28 voltios por metro.
Miedo «infundado»
Destaca el director de la Agencia, Jorge Llorente, que estos datos permiten «contar con un amplio margen de seguridad y estar tranquilos». Señala asimismo que , según una encuesta realizada por la Junta a 1.800 personas sobre la telefonía móvil, el 20% de los jóvenes cree que ocasiona cáncer y muchos apuntan a los dolores de cabeza. Para el responsable de la Agencia de Protección de la Salud la «alarma social referente a la telefonía móvil es infundada y nuestra opinión es resultado de unas medidas con rigor técnico». No obstante, «seguiremos trabajando en el control y seguimiento de estas emisiones; pero «la determinación del riesgo no la evalúa la Agencia, sino que la determina la Comisión Internacional de Protección de Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) y el Ministerio de Sanidad», añade.
