E n junio del 2008 fue la UPD quien presentó en el Congreso una proposición de Ley de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la tarea educativa; en noviembre del 2008 la Fiscalía General del Estado ha recomendado calificar como atentado a la autoridad las agresiones contra los funcionarios que trabajan en la Educación y en la Sanidad. Recientemente han sido presentadas desde el PP diferentes proposiciones legislativas que abogaban por la vuelta a la disciplina en las aulas y porque el profesorado sea considerado autoridad pública en el ejercicio de su funciones.
Aunque tales propuestas se refieren a problemas reales que se dan en el ámbito escolar, conviene poner en tela de juicio los discursos conservadores que proclaman como única salida a los problemas que aquejan a la Educación el recurso a la disciplina en las aulas y la recuperación de la autoridad del profesorado. Forma parte de la lógica histórica que la derecha recurra a la autoridad y a la disciplina para atajar problemas sociales. Discurso simplista que esconde las otras responsabilidades: ¿Qué hay de las políticas educativas seguidas por las diferentes administraciones? ¿Qué valores se aprenden a través de los potentes medios de información y comunicación? ¿En qué condiciones se dan las relaciones familiares? ¿Qué formación recibe el profesorado para adaptar sus enseñanzas a los tiempos actuales? Ni una palabra.
La educación es un asunto complejo y de nada vale la simplificación. La reforma del código penal para endurecer las sanciones a quienes agredan al profesorado servirá para reprimir con más dureza actitudes agresivas; que de ningún modo se pueden consentir y puede que tenga un efecto disuasorio. Bienvenida sea, pero no aportará mucho para mejorar las condiciones que rodean el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible contar con las medidas que ayudan a prever los conflictos, a mejorar la convivencia: unas ratios razonables en las aulas, recursos y profesionales adecuados en los centros educativos para asesorar a los docentes, a las familias y al propio alumnado en el terreno de la convivencia escolar.
La naturaleza del trabajo docente requiere «la autoridad del conocimiento», básicamente la misma que la sociedad concede a médicos, científicos, etc. Eso es lo que intentamos día a día. Sabemos que la autoridad hay que ganársela en las aulas. Pero no sólo. Necesitamos también más y mejores medios para abordar en mejores condiciones la complejidad de la docencia. Además, con una mayor consideración social del profesorado, con un reconocimiento de la importancia de su función social, mejoraría nuestra autoridad, la que cuenta de verdad en la relación diaria con el alumnado y con sus familias.
Tampoco se puede obviar el papel que se le asigna al alumnado en su propio aprendizaje. El clima del aula puede mejorar con metodologías que favorezcan su participación e implicación. Ni el de las madres y padres. En este sentido, hay que contar también con la participación y colaboración activa de las familias cuya responsabilidad es esencial en la educación en valores de los chicos y chicas.
Ahora que se abre la puerta a un pacto por la educación, conviene y mucho alejarnos de alarmismos y simplificaciones interesadas. Las propuestas procedentes de las administraciones deben estar avaladas por un conocimiento lo más amplio posible de lo que ocurre en los centros educativos.
Entonces aparecerá una realidad compleja, llena de matices, que requiere aplicar políticas sostenidas a largo plazo. Hacen falta más recursos materiales y humanos para atender adecuada e individualizadamente a la enorme diversidad de alumnado y tratar con eficacia los problemas de convivencia.
