EL PRESUPUESTO
El consejero de Interior y Justicia expresó ayer en el Parlamento regional la «clara voluntad» de la Junta en asumir las competencias de la administración de Justicia, pero, al mismo tiempo, dejó igual de claro que el Gobierno central tendrá que aceptar una amplia lista de exigencias, entre la que figura la creación de «al menos 39 órganos judiciales», según la valoración hecha por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ). En la presentación en las Cortes de las cuentas de su consejería para el 2010, Alfonso Fernández Mañueco dedicó la mayor parte de su intervención a explicar de forma prolija el «compromiso» de la Junta con el municipalismo, que se tradujo en cifras y cifras sobre las partidas destinadas a la cooperación local y a protección civil.
Ante la falta de competencias en la materia, todo lo relacionado con la Justicia lo resumió en apenas tres folios, en los que reflejó la necesidad de adoptar medidas «que deben ser implantadas con urgencia» antes de que se realice el traspaso, en el que trabaja ya la Comisión Asesora de Justicia.
Críticas al ministerio
La lista de peticiones la encabeza la puesta en marcha de la Oficina Judicial, «tantas veces retrasada» y «sin un proyecto definido» que pretende cambiar la idea de juzgado en favor de una oficina de servicios comunes, según la idea reiterada por el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
Fernández Mañueco, que resaltó las dificultades que la dispersión de las sedes judiciales conlleva para los ciudadanos de Palencia, Segovia y Valladolid, reclamó más recursos y medios materiales y personales previos a la asunción del traspaso.
Y pese a la entrevista mantenida hace quince días con el ministro en la que éste se comprometió a recibir y estudiar las conclusiones que formula la comisión asesora, comentó que echa «en falta» un compromiso de la Administración del Estado más profundo con la solución de las graves deficiencias que padece esta comunidad en materia de infraestructuras judiciales, y que las pocas inversiones que se recogen sufren continuas desviaciones presupuestarias, que demoran su finalización». El aumento de dotaciones para el turno de oficio de letrados y procuradores o el desarrollo de los archivos judiciales son otras exigencias.
Esa ausencia de competencias en Justicia hace que la mayor parte del presupuesto de la consejería se destine a la financiación de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades. De los 161,2 millones de euros -con una subida del 6,18% que la hace ser la que más crece de las doce que integran el Ejecutivo autonómico, 122,9 millones irán para las entidades locales, lo que supone un aumento de esta partida del 12,09%.
Fernández Mañueco justificó estos incrementos en el «fuerte compromiso» adquirido por la Junta (y por el presidente Herrera en el último debate de política general) con los municipios de la comunidad.
