La Comisión Territorial de Prevención Ambiental de la Junta informará hoy el Plan Especial del Valladolid Arena y el plan parcial del área homogénea 11 Prado Palacio-Berrocal. Estos dos planes urbanísticos suman un total de 160.000 nuevos metros cuadrados de edificabilidad comercial, situados en el borde interior de la Ronda Oeste. La ponencia técnica de la comisión, reunida el pasado miércoles, ha propuesto el informe favorable para el Área Homogénea 11 y plantea que el Valladolid Arena no se someta a evaluación de impacto ambiental, según informaron ayer fuentes de Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Federación de Vecinos.
A juicio de estas organizaciones, los técnicos de la Junta se limitan a señalar «generalidades» sobre las obras, la eficiencia energética de las edificaciones o la depuración de aguas residuales. Según destacan, en el caso del Valladolid Arena «se ha impedido además la participación de los afectados», al no consultarles sobre el trámite ambiental del proyecto, a pesar de que tanto Avadeco como Izquierda Unida mantienen acciones judiciales contra la modificación del PGOU aprobada para promoverlo. Para estas organizaciones, se trata de una edificabilidad que duplica la superficie máxima admisible para toda la zona básica de comercio de Valladolid.
Para los tres colectivos, la construcción de estos nuevos complejos comerciales, acompañados del complejo deportivo y una zona hotelera en el caso del Valladolid Arena y de un polígono industrial y una urbanización de 2.700 viviendas en el caso del Área Homogénea 11, lanzaría cada día miles de automóviles hacia la ciudad (10.500 en el área homogénea 11 según el estudio de tráfico del propio promotor). Además, señalan, los nuevos complejos necesitarán para su funcionamiento cantidades importantes de agua, que junto a las restantes desarrollos urbanísticos aprobados o en trámite sumarán hasta 120 millones de litros de agua al día. La Confederación Hidrográfica del Duero concluye en su informe sobre Prado Palacio Berrocal «se estima que no está garantizada la disponibilidad administrativa del agua para el abastecimiento y riego de zonas verdes».
Paralelamente, se incrementarán los costes de mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos, «a costa de la degradación de los barrios y el pequeño comercio tradicional de la ciudad». Por ello, Ecologistas en Acción, Federación de Vecinos e Izquierda Unida vuelven a pedir a la Comisión de Prevención Ambiental «rigor» en el estudio de los efectos ambientales conjuntos de estos planes.
