El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, insistió ayer en Salamanca en el carácter «obligatorio» de la asignatura Educación para la Ciudadanía, pese a las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que sí permiten la objeción de conciencia al abordar el derecho fundamental de los padres a la educación de sus hijos. Gabilondo mostró su «respeto» hacia la objeción, «que es algo muy complicado», y matizó que «hay unos límites y contextos fijados por una sentencia del Tribunal Supremo que establece claramente el carácter obligatorio de la asignatura».
En este sentido, el ministro anunció el envío de cartas personales a las familias objetoras y la intención de convocar a través de la Secretaría de Estado a una reunión a los colectivos que las aglutinan. Gabilondo anticipó que «vamos a ver si podemos encontrar alguna solución en el currículum» e insistió en que «siempre sobre la base del carácter obligatorio».
Ángel Gabilondo, que participó en la apertura de la conferencia mundial sobre educación inclusiva que se celebra desde ayer en Salamanca, añadió que la polémica materia «no debe ser un escollo» para el Pacto por la Educación que trata de alcanzar el Gobierno con los distintos partidos.
El ministro subrayó que este modelo educativo, que señala la necesidad de que los alumnos con discapacidad compartan aulas y accedan a la misma enseñanza de calidad que el resto de niños y niñas, es «determinante para la verdadera formación de ciudadanos en una sociedad tolerante y con respeto a la diversidad». Asimismo, consideró que la educación inclusiva es una garantía de mejora de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ya que comporta la mejor cualificación.
El 95%
Más de 600 expertos de 52 países trata de proponer las líneas de compromiso de los estados para solucionar la situación actual, en la que el 95% de los niños con discapacidad está fuera de la escuela.
Miguel Ángel Verdugo, director del Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, lamentó que en España se vive «un desinterés general» hacia la inclusión educativa y criticó que en la región «no ha habido en 15 años ningún plan de financiación para fomentar la educación inclusiva, ni hay ofertas para el personal docente, ni una revisión de los proyectos futuros».
