SENTENCIA
La Audiencia de Valladolid ha dado plenamente por válida la declaración de dos agentes de la Policía Municipal de Valladolid que el 9 de marzo del 2007 levantaron un atestado sobre un episodio de malos tratos en el ámbito familiar, que ocurrió dos días antes entre una mujer de 44 años y su novio de 34.
El suceso se produjo el 7 de marzo en una vivienda, situada en las inmediaciones de la Plaza del Ejército, y los agentes tuvieron conocimiento de los hechos por medio de la intervención de una asistente social municipal a la que acudió la víctima. La magistrada de lo Penal número 4 de Valladolid condenó en abril pasado a Jesús I. M. como autor de un delito de malos tratos a nueve meses de prisión, e idéntica pena por otro de amenazas. Ahora, la Audiencia de Valladolid ha ratificado las dos condenas contra el hombre que carecía de antecedentes penales.
Los hechos que se declaran confirmados recogen que el acusado y su novia discutieron y en un momento concreto el hombre golpeó la cabeza de la mujer contra la pared. Acto seguido la roció con colonia e intentó prenderle fuego, arrastrándola hacia la cama en donde le colocó una catana sobre el cuello diciéndole que de allí no salían ninguno de los dos.
La víctima sufrió lesiones aunque no acudió a ser vista y curada a ningún centro médico, aunque se le apreciaba un hematoma en el pómulo izquierdo, una circunstancia que los dos agentes pudieron comprobar dos días después. El acusado no negó en el juicio ni la discusión ni la posesión de la catana.
Presiones y temores
La sentencia de la Audiencia de Valladolid afirma que la declaración de los testigos de referencia (los dos agentes municipales) «no implica que se esté sustituyendo la prueba directa por la indirecta ya que nos hallamos ante situaciones en las que la víctima, en muchas ocasiones, se halla sometida a presiones, temores o razones afectivas que impiden que actúe con el distanciamiento que lo haría si el denunciado fuera un tercero ajeno».
En este caso, los tres magistrados recuerdan que la mujer manifestó inicialmente que «no quería denunciar por miedo» y porque «temía represalias», al tiempo que tachó el suceso como «un incidente de asunto personal» cuando se debe de perseguir de oficio.
