MEMORIA FISCAL 2008
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, José Luis Concepción, atribuyó, durante la apertura del Año Judicial en la región, parte del colapso que ha tenido este último año la Administración de Justicia en Valladolid a los dos meses de huelga de funcionarios, sobre todo en juzgados como los de Primera Instancia de Valladolid.
«La crisis económica ha contribuido también a aumentar estos meses el registro de asuntos en los juzgados mercantiles y laborales por las demandas de despido», dijo.
Los juzgados de Primera Instancia de Valladolid van a registra alrededor de 2.000 asuntos este año, lo que supone casi triplicar los parámetros de trabajo que exige el Consejo General del Poder Judicial. El módulo aconsejado por CGPJ se fija entorno a los 720 asuntos por año y juzgado. El tiempo de demora media de resolución en Valladolid está en unos seis meses cuando antes de estas dos circunstancias era de cuatro.
Por su parte el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, volvió a reclamar la creación de más órganos jurisdiccionales en la capital para reducir este colapso crónico.
«Es inconcebible que un juzgado de Instrucción en Valladolid pueda tramitar 9.000 diligencias previas. Esto está funcionando casi de milagro», ironizó Trebolle.
Precisamente, el volumen de trabajo generado en el 2008 fue objeto de la intervención del fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo. El pasado año, los 118 fiscales y 128 funcionarios de Castilla y León elaboraron 9.430 escritos de calificación, intervinieron en 10.688 juicios de faltas y despacharon 20.864 ejecutorias y 15. 627 expedientes de vigilancia penitenciaria.
Martín Granizo reflexionó sobre cómo paliar esta situación recordando lo que sucede en Francia, con un mayor compromiso del fiscal que «tiene la posibilidad de regular el grifo de los asuntos que llegan al juzgado». Pidió una modificación del papel de la acusación popular y particular en el proceso penal, reduciendo su intervención, y que se potencien soluciones de mediación y conformidad para reducir los litigios.
Huelga de jueces
Respecto a la huelga de jueces convocada por la APM hace una semana, José Luis Concepción dijo que «es el ministro de Justicia el que tiene que reflexionar por el hecho de que 1.500 jueces se pongan en huelga en España». El presidente del Alto Tribunal expresó, no obstante, sus dudas sobre si los miembros de la carrera judicial tienen o no derecho a la huelga, «aunque no es deseable que se adopte esa decisión, y si se hace es que algo grave está pasando en este país», agregó.
No se pronunció Concepción, sin embargo, sobre por qué en la protesta de jueces del pasado mes de febrero, el Ministerio de Justicia no descontó la jornada en las nóminas de los magistrados.
«Será porque existen dudas de que el paro no fuese ilegal, sino alegal. Esa decisión corresponde al Ministerio de Justicia que es quien paga sus retribuciones», puntualizó luego Almudena Lastra, vocal del CGPJ para Castilla y León.
Este hecho ha provocado un fuerte malestar entre los funcionarios y sindicatos, a quienes sí se les descontaron los haberes después de casi dos meses huelga el pasado año, para reclamar una equiparación salarial con sus compañeros de comunidades autónomas con transferencias en justicia asumidas.
Precisamente sobre el proceso de negociación para este traspaso a Castilla y León, José Luis Concepción dijo que quien debería de pronunciarse sobre el coste del traspaso (120 millones de euros) debía de ser la presidenta de la Comisión Mixta, la consejera de Hacienda Pilar del Olmo.
«El TSJ está al margen de este proceso, y es la Junta de Castilla y León y el Gobierno central quien deben de ventilarlo. El Poder Judicial es un convidado de piedra», dijo. El presidente del Alto Tribunal expresó su confianza en que la Ciudad de la Justicia «no se demore ni un minuto más» en los plazos para comenzar las obras, y advirtió de que no sería bueno «poner obstáculos con diferencias absurdas» ahora que el Ministerio ha fijado el emplazamiento, en referencia a las posibles condiciones del Ayuntamiento de Valladolid para ceder la parcela de Girón. Tanto Concepción como Trebolle volvieron a recordar que Valladolid necesita una sede que aglutine todos los órganos jurisdiccionales de la capital.
El presidente de la Audiencia se felicitó por el principio de acuerdo alcanzado con la Diputación para poder almacenar temporalmente unos 3.000 metros de expedientes generados por los juzgados de Valladolid estos años.
