RELACIONES
El magistrado de Instrucción número 1 de Valladolid ha cambiado la condición de testigo a imputado del presidente de la constructora Mahía, Ramón López Casal, y le ha citado a declarar para el próximo 17 de noviembre en su despacho de Valladolid. Esta promotora gallega tiene importantes intereses urbanísticos en Arroyo de la Encomienda y está siendo investigada, desde el 2006, por la justicia en relación a las recalificaciones y aumentos de edificabilidad registrados en este Consistorio desde 1999, año en el que accedió al equipo de Gobierno el actual alcalde independiente José Manuel Méndez Freijo. En total serían más de 3.000 viviendas las que se habrían tramitado por el Consistorio, aunque las del SAU 9 se paralizaron cuando saltó la investigación judicial en el 2006.
El juez, José María Crespo, ha accedido a una batería de pruebas, tanto de la Fiscalía como de la acusación popular, que representa la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI. A la vista de los nuevos datos obtenidos durante los últimos meses, el fiscal ha pedido también que declaren el mismo día el regidor de Arroyo y su socio en la empresa Recreativos Dema, José Presas Zobra, ambos como imputados. Méndez y Presas fueron investigados entre el 2001 y el 2003 por el mismo Juzgado tras la denuncia de un ex socio de ambos que les acusó de engañarle alterando los balances contables de Recreativos Dema en beneficio propio.
Préstamo a Méndez
En este caso, en la investigación por el 'caso Arroyo' la Fiscalía trata de aclarar las circunstancias en las que se llevó a término un préstamo de 180.303 euros por parte del presidente de Mahía a José Manuel Méndez. Según figura en la investigación judicial, el contrato del préstamo se suscribió el 5 de mayo del 2001 entre Ramón López Casal, en representación de Mahía, y José Manuel Méndez, en nombre propio. Los 180.303 euros se entregaron en efectivo en esa fecha, cuando Méndez formaba parte de las filas del PP en el Consistorio presidido por Elisardo Fernández Cabreros. Durante 1999 al 2005 se produjeron las recalificaciones de Mahía en Arroyo, en sectores como los SAU 13 y SAU 9.
Según el Ministerio Público, pese a que tanto Méndez como López Casal pactaron la devolución en el plazo de 3 meses, con la entrega también de los intereses, la contabilidad de la constructora gallega siguió reflejando el «crédito a largo plazo» de Méndez con Mahía en los años 2004 y el 2005, y que fue fiscalizada por un auditor.
El fiscal recuerda en un escrito al juzgado que el actual alcalde de Arroyo declaró ante el juez el 10 de noviembre del 2008 que «no tuvo relación con Mahía», a la que sí compró, sin embargo, un piso en Villagarcía de Arosa en el 2004. Sí matizó, no obstante, que «tenía contacto con la constructora como con otras empresas que pasan por el Ayuntamiento».
Fue después de que la acusación popular entregase al juez las anotaciones del préstamo donde seguía figurando en la contabilidad oficial de Mahía cuando la defensa de Méndez Freijo aportó un recibo firmado por su socio José Presas, de fecha 24 de julio del 2001. En él se asegura haber recibido del alcalde de Arroyo 15 millones de pesetas, es decir, la mitad. La defensa de Méndez aportó también un segundo recibo por los 15 millones restantes, pero esta vez firmado el 28 de diciembre del 2001.
El fiscal mantiene sus dudas sobre estos documentos que se presentaron al juez el 14 de abril del 2009, es decir, ocho años después de la concesión del crédito. Pero además quiere conocer por qué si el préstamo era para Recreativos Dema no se ingresó directamente en la cuenta de esta empresa, y por qué no se entregó mediante cheque. El fiscal quiere saber por qué Presas no firmó los dos recibos como socio de Dema, sino como representante de Mahía.
