DATOS
El número de ataques de lobos al ganado en la provincia hasta el 31 de agosto ha sido de 147. En esas incursiones han muerto 589 reses de diferentes especies, la mayoría de ellas de ovino. Pero destaca el hecho de que el mayor número de bajas, 323, se hayan producido al sur del Duero, donde el lobo es especie protegida porque se le considera el peligro de extinción y, por tanto, no se puede cazar. Y eso cuando en el plan de gestión del lobo de la Junta sólo se considera «probable» la existencia de una manada en la zona y ninguna fija. A la vista de los datos, las organizaciones agrarias consideran que esta manada es ya fija, como subrayó Aurelio González, de la UPA.
La incidencia de ataques se dio conocer ayer, durante la reunión que el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, mantuvo con representantes de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG. Es cierto que la mayor incidencia de bajas al sur del Duero se explica por la falta de especies salvajes que puedan servir de alimento al lobo, de forma que ataca a las ganaderías, como expuso Alberto Castro, y en ello coinciden las organizaciones agrarias.
Pero los representantes de los ganaderos sí reclamaron al delegado de la Junta en Zamora que se cumplan los cupos de control; es decir, que si hay 28 lobos asignados se abatan los 28, y no como ocurrió en la campaña anterior, que sólo se abatieron 19.
Alberto Castro reconoció ayer en rueda de prensa que sólo se había cumplido el 60% de los cupos autorizados para el sacrificio de ejemplares, pero prometió una mayor eficacia y flexibilidad en el cumplimiento del plan de control.
Tal como expuso el delegado territorial, el que no se lleguen a abatir todos los lobos se debe a que, en ocasiones, en las fechas en que se autorizan las monterías o aguardos no se logra dar caza al animal, «porque es una especie muy dinámica». Así, para intentar dar cumplimiento al plan se aplicará esa flexibilidad consistente en incrementar el número de monterías o bien planificar otras fechas, cuando no se haya logrado abatir el ejemplar.
Este sistema puede aplicarse al norte del Duero, donde el lobo es especie cinegética, pero no al sur, puesto que está prohibida la caza. Aún así en esta zona se pueden aplicar controles, aunque no mediante caza, sino que deben ser patrullas de la Administración las que sacrifiquen los lobos si la incidencia de los ataques a las ganaderías así lo justifica.
El delegado de la Junta quiso dejar patente que «somos sensibles a los problemas de los ganaderos», aunque puntualizó que «no se puede pretender que haya zonas libres de lobos, porque lo prohibe la normativa europea», dijo, en alusión al sur del Duero.
Lo que sí pidió es que se denuncien todos los daños del lobo en las ganaderías, por pequeños que sean, «porque sólo así tendremos claro el dónde y cuánto». Y es que, aunque en la zona sur haya pocos lobos, también es verdad que años atrás no se registraban ataques al ganado y desde al año 2000 son frecuentes los daños; «sólo motivando el número de ataques y las pérdidas podemos justificar el que se aplique un control de las poblaciones», puntualizó Alberto Castro.
Movilizaciones
Pero no sólo es relativamente nueva la presencia del lobo al sur del Duero, según denuncian las organizaciones agrarias. Tanto Vicente Calzada, presidente de Asaja, como UPA y COAG, incidieron en la expansión de la especie a comarcas donde hacía décadas que no existía, y llamaron especialmente la atención sobre Tierra de Campos-Pan, hasta el punto de que, «de reproducirse los ataques de lobos en estas comarcas y al sur del Duero nos veremos obligados a convocar actos de protesta en demanda de soluciones eficaces», como se advierte en el comunicado de la Alianza por la Unidad de Campo (UPA y COAG, que suscriben Aurelio González y José Manuel Soto.
Ambos sindicatos solicitan el cumplimiento del nuevo cupo para abatir 35 lobos, que se recoge en la resolución del pasado 27 de agosto. Proponen que, bien se inste a los cotos que tienen el aprovechamiento cinegético a que «procedan de manera inmediata», o bien que intervengan las patrullas de control, en el caso del sur del Duero o cuando los cotos rechacen la intervención.
COAG y UPA esperarán durante un plazo prudencial para comprobar que se cumple el plan de control antes de convocar movilizaciones.
En sentido similar se pronunció Vicente Calzada, quien afirmó que «los ataques en Tierra de Campos tenían que estar ya eliminados». El presidente de Asaja declaró que «nos da igual cómo aplican las medidas, siempre que sean efectivas y en la tierra Campos no haya daños; si los cotos no quieren abatir los ejemplares, que intervenga la Administración».
Agilidad en los pagos
El aspecto complementario del problema de los ataques del lobo es el pago de indemnizaciones por los daños en las ganaderías. Aunque no se entró a fondo en la eterna reivindicación de que la Administración pague las pérdidas sin obligar a los ganaderos a suscribir un seguro para poder percibir las compensaciones, las organizaciones agrarias mantienen esta demanda.
Así lo exponen COAG y UPA, que precisan que las explotaciones situadas al norte y al sur del Duero «deben tener el mismo tratamiento: indemnizaciones directas, rápidas y ágiles». También Asaja reclama esta agilidad y Vicente Calzada recordó que, aunque no son muchos, hay casos en que se tarda hasta 6-8 meses en pagar». La media, indicó es de 3-4 meses. Calzada reclamó mayor información sobre los seguros y que los técnicos de la Junta «no sean más papistas que el papa a la hora de avaluar el lucro cesante, porque siempre tiran a la baja».
Por su parte, el delegado de la Junta mantiene la recomendación de que se suscriba el seguro para cobrar las indemnizaciones lo antes posible.
