CASTILLA Y LEÓN
El recurso que presentará el Gobierno regional está basado en las «deficiencias
formales» y en el «grave perjuicio» que se deriva de la decisión gubernamental
11.09.09 -
El portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa . / NACHO GALLEGO-EFE
CONSEJO DE GOBIERNO
La Junta de Castilla y León acordó ayer, en la reunión del Consejo de Gobierno, presentar un recurso ante la Audiencia Nacional para impugnar en los tribunales la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 3 de julio por la que se acuerda el día 6 de julio del 2013 como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña en la provincia de Burgos. El plazo para presentar el recurso finaliza el próximo 6 de ocutbre. El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, informó al término del Consejo que el recurso se basará en «deficiencias formales» y en el «grave perjuicio» que se deriva de la decisión gubernamental, fundamentalmente desde un punto de vista económico, para los intereses generales de la comunidad.
De Santiago-Juárez explicó que el Ejecutivo autonómico no comparte «en modo alguno» el contenido de dicha decisión del Gobierno al entender que supone un «duro golpe» para el conjunto de la comunidad y, en especial, para la comarca del Ebro burgalés.
El Gobierno de Castilla y León cree que se trata de un cierre «arbitrario, injustificado e injustificable» de una actividad empresarial «rentable» en términos económicos y «segura», tal y como ha dictaminado el Consejo de Seguridad Nuclear. También recordó que la central nuclear de Santa María de Garoña da ocupación directa a más de mil trabajadores en la comarca burgalesa.
Por otra parte, la Junta se ha considerado «menospreciada» y «ninguneada» por parte del Gobierno de la nación en todo este proceso, «toda vez que, sin perjuicio de la competencia estatal en este ámbito, la normativa prevé la participación inexcusable de las comunidades afectadas en varios momentos del proceso que conduce a este tipo de decisiones».
En el caso de Santa María de Garoña, la Junta entiende que el Gobierno central ha tramitado el proceso con «graves defectos», sin contar con las administraciones interesadas, como la comunidad autónoma o el ayuntamiento del que depende la central.
Esta decisión que se ha adoptado «muestra la coherencia» con la posición mantenida, incluso antes de que el Gobierno anunciara la decisión.
El recurso que presentará la Junta de Castilla y León en los próximos días no es el único que se registrará ante la Audiencia Nacional ya que las empresas Iberdrola y Endesa ya han hecho pública su intención de acudir a los tribunales en defensa de la continuidad de la central nuclear.
Empresa titular
La empresa titular de la central nuclear de Garoña. Nuclenor, presentará «probablemente durante la próxima semana» el recurso contencioso-administrativo contra el cierre de la instalación fijado para el 2013, según adelantó Elías Fernández Centella, director de relaciones externas de la empresa, quien expresó también a Europa Press su «satisfacción» por el anuncio que ayer hizo la Junta sobre el recurso que presentará ante la Audiencia Nacional. Fernández Centella se mostró satisfecho con «la rección positiva» del gobierno autonómico.
La posición adoptada por la Junta fue trasladada por Herrera al presidente Zapatero a través de una carta el pasado 11 de junio, en la que recordaba «la enorme trascendencia no solo en términos de los intereses energéticos del país, sino especialmente también para el mantenimiento de más de 1000 puestos de trabajo». Ese millar de puestos de trabajo se refieren a los directos de la central y a los indirectos de las 90 empresas colaboradoras de la zona de influencia.
La portavoz socialista en las Cortes, Ana Redondo, criticó la decisión del Gobierno autonómico y le animó a trabajar más por el futuro de la comarca. «Hasta ahora la Junta no ha puesto ni una sola iniciativa sobre la mesa para reindustrializar la zona», declaró en los pasillos de las Cortes durante la celebración del pleno de la Cámara. Aseguró que desde que entró en funcionamiento la central, «ha desaparecido» el 40% de la población de la comarca, y que el plan del Gobierno central garantiza el futuro de generaciones.
