CASTILLA Y LEÓN
Un estudio de las cooperativas analiza el incremento de precios, desde los 8 céntimos
que cobra un productor por un kilo de patatas hasta los 80 que cuesta en la tienda
06.09.09 -
En un mercado libre, en el que Goliath vence sin problemas a David, la lucha parece a priori perdida. Sin embargo, nunca es tarde para recurrir a la denuncia y el pataleo. Los agricultores se sienten como el pequeño joven que consiguió enfrentarse a un gigante, aunque sin esperanza de conseguirlo. Al menos en solitario. Su lucha se libra en los despachos de las cadenas de distribución y entre el elevado número de intermediarios que alargan el camino desde que la patata sale de la huerta hasta que se expone en los lineales de los supermercados.
La consecuencia de este periplo es el escalonado incremento de precios y es en ese escenario donde no se entiende por qué el agricultor, en el mejor de los casos, vende a 8 céntimos el kilo de patata de una de las mejores variedades y en la tienda se compra a 70 u 80 céntimos. La diferencia entre las dos cifras es del 1.000% y las preguntas son muchas: ¿Por qué se engorda el precio? ¿Dónde va a parar la diferencia? ¿Quién se lo queda? ¿Se aplican márgenes demasiado elevados que no repercuten en el agricultor que labra la tierra?
Para resolver todos estos interrogantes, las cooperativas de Castilla y León han elaborado un minucioso estudio de costes de producción de la patata a partir de la facturación de la que disponen y atendiendo a un producto concreto: la patata mona lisa. Se ha tomado como referencia esta variedad, a pesar de que su producción en Castilla y León es de aproximadamente el 5% del total, porque es una de las que se somete a un mayor proceso de transformación. Si se hubiera elegido otra variedad de patata que no sufre tanto tratamiento -que es lo que ocurre con el 95% restante, que debería ir de la huerta a la tienda sin muchamás transformación- el proceso se acortaría y por tanto la diferencia en el precio no debería ser tan alta.
Sin embargo, se ha constatado que, según el análisis que elaboran las organizaciones agrarias y las uniones de consumidores, el kilo de este tipo de patatas cuesta en origen 6 céntimos y se vende en la tienda a 90. Esto significa, según el sector, que se está extrapolando a las patatas sin transformación el incremento de precios de las que sí lo tienen. Y en ambos casos, insisten los afectados, los márgenes «son abusivos».
1 hectárea-40 toneladas
La base del estudio es el cultivo de una hectárea de patatas que produce una media de 40 toneladas de mona lisa. Cultivar esa superficie le cuesta de media al agricultor 5.040 euros, 126 euros por tonelada, incluyendo en ese precio los gastos en semilla, fertilizantes, fitosanitarios, energía y riego, etc. Una vez que la ha recogido empieza la cuenta atrás hacia el engorde del precio que se va incrementando a medida que se avanzan eslabones en la cadena de la distribución.
Según las cooperativas, la primera figura que aparece es la de una persona -el corredor o almacenista local- que, con una simple llamada de teléfono, compra la tonelada de patatas al agricultor por 80 euros (precio medio ya que la gran mayoría de los agricultores de Castilla y León no tienen contrato estipulado, en cuyo caso la venta se realizaría por 132 euros la tonelada) y se la vende al segundo intermediario por 95 euros. Esta operación no requiere infraestructura logística ni gasto conocido, salvo el de la llamada de teléfono. Por el contrario, este primer interventor obtiene un beneficio por su gestión de 15 euros por tonelada.
Es el que ha comprado la tonelada al corredor local, el que va a la tierra del agricultor a recoger la tonelada de patatas. Una vez trasladada hasta su almacén empieza la primera fase de tratamiento del producto, que consiste en un almacenamiento temporal, el lavado de la patata y el acondicionamiento de la temperatura del tubérculo para lo que se invierten 85 euros por tonelada, incluyendo gastos de transporte.
El segundo paso en la transformación -que también realiza el segundo almacenista o distribuidor de grandes superficies- es el embalaje y acondicionamiento en bolsas de tres kilos. Una vez preparadas, los propietarios de estas empresas tienen que transportarlas hasta las plataformas comerciales que las grandes superficies tienen ubicadas en el país. Según los datos del informe, esta operación tiene unos costes de 204 euros-tonelada que, sumados a los 95 que les vale la tonelada de patatas comprada directamente al primer intermediario y a los 85 euros de conservación, suman un coste de 384 euros por tonelada.
A partir de este momento la base de la pirámide empieza a reducirse porque, aunque el proceso arranca con 5.200 agricultores en Castilla y León vendiendo patatas a cientos de corredores y almacenistas repartidos por toda España, es ahora cuando la oferta está más concentrada, concretamente en poco más de una treintena de empresas comercializadoras de patata que venden a su vez a un par de docenas de grupos de alimentación o grandes superficies, aunque de estos, 6 son los que lideran realmente el mercado.
Dada la actual situación económica, los distribuidores dicen que están vendiendo la tonelada de patatas «a precio de coste», según les han hecho saber a las cooperativas. Esto significa que perciben por tonelada esos 384 euros que les pagan las grandes superficies comerciales (Carrefour, Mercadona, Grupo Eroski, El Corte Inglés, etc).
Los gastos que afrontan estos grupos empresariales para dar los últimos retoques al producto y transportarlo a los supermercados son, según el estudio de las cooperativas, de 140 euros por tonelada, que sumados a los 384 que pagaron a la distribución sitúa la cifra en 524 euros de coste total.
Y así se llega al último eslabón de la cadena donde el consumidor se encuentra con que el kilo de patatas se está vendiendo a 0,71 euros (precio de la patata para freír, calidad tradición Carrefour según su página web) es decir, que el precio de venta al público de la gran superficie es de 7.100 euros por tonelada.
Si a esta cantidad se le restan los gastos constatados -524 euros-, el margen de beneficio es de 5.576 euros, una cifra impresionante y más si se tienen en cuenta dos aspectos. El primero, que el agricultor está vendiendo el producto a la mitad de lo que le cuesta producirlo, y el segundo, que muchos de los pasos que se han descrito en este informe podrían desaparecer en Castilla y León porque es una comunidad productiva y no hay que traer el producto de otro sitio.
Solución
Constatado el problema la solución no es tan complicada. Es cierto que no se puede borrar de un plumazo a los intermediarios, pero las administraciones pueden abandonar el papel de árbitros y, según el sector, asumir retos como la creación de un observatorio de precios que ayudara a ver y, por tanto, a reducir esos márgenes abusivos.
Para las cooperativas, la solución se consigue a partir de tres líneas de actuación. La primera, la planificación en el momento de la siembra. Es entonces cuando se tiene que poner en contacto el mayorista-embolsador con el agricultor para que firmen un contrato en el que se recoja el precio, la cantidad de producción y la fecha de recogida.
El segundo paso será conseguir de una vez por todas que el sistema cooperativo se dedique a la distribución. Y en este sentido ya son dos las cooperativas (La Carpeña y APP) que se lo han creído y a final de septiembre presentarán un proyecto con el apoyo de la Junta de Castilla y León.
Y la última, aunque no por ello la menos importante, que los agricultores también quieran implicarse porque el riesgo está en que cuando se pase la mala campaña y se recupere el buen precio las reivindicaciones y los acuerdos queden en el olvido.
