El Ayuntamiento de Valladolid ha pagado desde 1997 casi tres millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por el canon de vertidos, un dinero que, según la Asesoría Jurídica del Consistorio y la propia Concejalía de Medio Ambiente, debería haber abonado Agualid, adjudicataria del servicio de aguas en la capital. El Grupo Municipal Socialista recalca que ha sido el alcalde quien rechazó el pasado 19 de enero rubricar, a través del sistema de firma digital, la propuesta de acuerdo para exigir a la empresa este dinero. ¿Por qué? Fuentes del equipo de León de la Riva aseguraron ayer que el asunto «se está estudiando» y que hoy se dará una explicación. Fue el departamento que dirige el concejal Jesús Enríquez el que inició a finales del 2008 el proceso para reclamar la deuda a Agualid. Primero solicitó a Intervención una relación de los pagos efectuados por este concepto, que sumaban 2.972.909,72 euros entre 1997 y el 2007. Con estos datos, Medio Ambiente pidió a la Asesoría Jurídica un informe para saber quién debía hacer frente a esta obligación con el organismo de cuenca.

El 7 de enero, los abogados municipales emiten su veredicto. El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato de adjudicación del servicio establece que Aguas de Valladolid S. A. abonará todos los gastos que pudieran devengarse como consecuencia de la concesión. Entre ellos, la Asesoría Jurídica incluye el canon de vertidos.

Una semana después, y con el aval de los letrados, la concejalía elabora una propuesta de decreto para que sea firmada por el alcalde en la que se requiere a Agualid para que pague la deuda. Según la información facilitada por el PSOE, el expediente incluye la notificación del rechazo del regidor a aprobar el documento.

El presidente del Grupo Socialista criticó ayer con dureza la actitud de León de la Riva, «que presume siempre de seguir los criterios de la Asesoría Jurídica». El concejal del PSOE, quien sumó a la deuda otros 1,4 millones por el canon del 2008 y el 2009, aseguró que el alcalde «es implacable con quienes aparcan donde no deben, pero no duda en condonar deudas a los promotores (medio millón de euros en concepto de tasa urbanística) y ahora tres millones a la concesionaria». Puente recordó que a la empresa de aguas ha habido que pagarle otros dos millones por los planes de pensiones de los antiguos trabajadores, «con 40.000 euros de propina por intereses de demora». «Sorprende los infatigables esfuerzos para recaudar una migajas y que se deje escapar esta cantidad sin rubor alguno en tiempos de crisis», dijo. A juicio de Puente, las arcas municipales no se encuentran en una situación que permita rechazar cobros por este importe, «más cuando se está friendo a impuestos a los ciudadanos y se les castiga con multas de tráfico indiscriminadas, el 22,7% más que en el 2008».