El 19 de agosto de 1936, el mismo día en que muere fusilado el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, la Junta Técnica de Defensa Nacional da las instrucciones en cada distrito universitario para que se lleve a cabo una depuración en Magisterio para asegurar que el próximo curso escolar todos los profesores sean adeptos al régimen.
Han sido necesarios 73 años para que salga a la luz la investigación más profunda de ese episodio de la vida nacional. El Centro de Estudios Benaventanos (CEB) Ledo del Pozo acaba de publicar la monografía 'La depuración franquista del magisterio nacional en el norte de la provincia de Zamora 1936-1943', del que es autor Lucio Martínez Pereda, profesor de Historia del instituto de Secundaria Valverde de Lucerna, de Puebla de Sanabria, y que fue presentado en la Feria del Libro de Benavente hace unos días.
Tal como el autor explica en la introducción, el trabajo «pretende cumplir varios objetivos básicos: investigar, en el marco de la historia local y comarcal, las pautas de comportamiento y acción de la Comisión Depuradora Provincial, cuantificar y hacer públicas las identidades de los maestros castigados, pero también conocer los aspectos singulares y personales que están detrás de cada uno de los expedientes depuradores abiertos contra los docentes del norte de la provincia de Zamora».
El 27 de agosto de ese mismo año, el Gobernador Civil de Zamora hacía público el cese en su cargo de 123 maestros cuyas aulas habían sido depuradas y donde se «descubría» que su actuación era «en extremo perniciosa». Entre cesados y huidos, ese curso comenzaba con 140 vacantes en la enseñanza, de manera que muchos niños no tenían clase dos meses después de iniciar la actividad en las aulas.
A esta primera depuración sigue una segunda que no se cerrará hasta 1940, cuando se publica la última lista de maestros sancionados por haber tenido alguna afiliación en la República o no demostrar suficiente apoyo al Movimiento. En total, 165 en toda la provincia: 28 en Alcañices, 25 en Sanabria, otros tantos en Zamora, 22 en Benavente y Bermillo de Sayago, 17 en Villalpando, 13 en Fuentesaúco y 11 más en Toro.
La más castigada
Sanabria fue, según los datos del autor, la comarca zamorana más castigada en este aspecto, ya que seis fueron los maestros separados definitivamente del servicio, tres de ellos fusilados con anterioridad a la depuración, y dos más enviados a prisión. Otros 19 fueron apartados por períodos de cinco meses y 25 más tuvieron que sufrir un traslado forzoso. Salvo Manuela Rodríguez Marcos, que huyó pero tuvo que someterse a un Consejo de Guerra en Madrid, del que salió absuelta.
En Robleda y Cobreros fueron cuatro los maestros sancionados, tres en Espadañedo, dos en Asturianos y Manzanal de Arriba, además de uno en Requejo, Muelas de los Caballeros, Puebla, Donado, Hermisende, Rosinos de la Requejada, Justel, Galende, Molezuelas de la Carballeda y Pías.
En la comarca de Benavente fueron tres los afectados por la primera depuración y 18 en las siguientes. Dos maestros en Bretó, Burganes, Camarzana, San Pedro de Ceque, Vega de Tera, Santa Colomba de las Monjas. Uno en Arrabalde, Bercianos de Vidriales, Fuentes de Ropel, Melgar, Micereces, Otero de Bodas, Quiruelas, San Cristóbal, San Román del Valle, Santa María de la Vega, Mózar de Valverde y Sitrama de Tera.
Los cargos contra ellos fueron tales como militar en un partido de izquierdas o un sindicato, animar a la revolución, propagar ideología marxista, hacer propaganda del Frente Popular o de ideas contrarias al Movimiento, aceptar con trabajo el nuevo régimen, leer prensa de izquierdas en lo político.
En lo religioso, burlarse de lo sagrado y santo, no asistir a actos religiosos o mala conducta moral, según los informes de los alcaldes, curas y padres de familia que tenían que acompañar todo expediente.
Objetivos
El trabajo de Lucio Martínez investiga, en el marco de la historia local y comarcal las pautas de comportamiento y acción de la Comisión Depuradora Provincial, organismo encargado de encauzar la represión administrativa contra los maestros. Además de cuantificar y hacer públicas las identidades de los maestros castigados, la publicación profundiza en los aspectos singulares y personales que estaban detrás de cada uno de los expedientes depuradores abiertos contra los docentes del norte de la provincia.
Según se recoge en la introducción, el trabajo «trata de hacer un relato que nos permita comprender los modos de actuación de las instituciones encargadas de llevar a cabo el largo y penoso juicio moral, político y personal por el que tuvieron que pasar todos los docentes de la comarca sanabresa y benaventana, que nos aproxime al papel jugado por algunas instituciones y, en fin, que nos pueda acercar al conjunto de duras vicisitudes por las que se vieron obligados a pasar el conjunto de hombres y mujeres que en julio de 1936 formaban parte del cuerpo de funcionarios docentes de primaria»
Para llevar a cabo la investigación, Martínez Pereda ha recurrido a varias fuentes documentales, principalmente los expedientes de depuración custodiados en el Archivo General de la Administración, pero también a otro conjunto documental escasamente empleado hasta el momento, los expedientes de revisión, guardados en el Archivo Central del Ministerio de Educación.