Justo este lunes, el día en el que el administrador de Urbespacios, Juan Antonio Cantalapiedra, anunciaba que se había presentado una querella criminal contra tres concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, el decanato de los jueces asignaba mediante reparto el texto de la denuncia al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital.
Su titular, José María Crespo, se hizo cargo el pasado año también de la denuncia por las manipulaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid, que contenían modificaciones de recalificaciones de solares y aumentos de edificabilidad después de que el Pleno del Ayuntamiento hubiera dado por buenos otros planos distintos a los que finalmente se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta investigación judicial se encuentra activa y está siendo impulsada por la Fiscalía, a la espera de que el PSOE, que denunció en el 2007 los hechos, presente finalmente la fianza de 20.000 euros para que se acceda a su personación en el caso. Instrucción 1 investiga también desde hace más de tres años el 'caso Arroyo', con implicaciones urbanísticas.
Ahora, con la nueva querella, el juez José María Crespo deberá indagar si se han cometido coacciones, amenazas, injurias y proposición o inducción a la comisión de un delito de prevaricación cometidos, presumiblemente, por los tres cargos públicos socialistas el pasado día 12 de agosto, durante una rueda de prensa.
En esa jornada, el portavoz socialista, Óscar Puente, estuvo acompañado de los ediles Javier Izquierdo y Maite Carbajo. La convocatoria tenía por objeto responder a la solicitud de subrogación presentada por el grupo Urbespacios, para que la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) asumiera las competencias municipales que permitieran aprobar el definitivamente el Plan Parcial AH-10 (Valdechivillas).
Los miembros de la CTU, que preside el delegado de la Junta, Mariano Gredilla, habían sido convocados el viernes 14 de agosto para debatir dicho proyecto urbanístico. A juicio de la sociedad querellante, los ediles, en una «posición desmesurada y alevosa», habrían tratado de «forzar» a los integrantes de la CTU para el rechazo del Plan de 16.000 viviendas.
Sin embargo, desde el PSOE se sostiene que se ejerció la crítica política y la defensa de los intereses ciudadanos, y que Urbespacios no está legitimada para sentirse injuriada ni calumniada, una circunstancia sólo atribuible a las personas físicas, no a las entidades jurídicas. Además, reitera que el objetivo de esta querella es la recusación de los tres ediles para sacar al proyecto adelante.
En cualquiera de los supuestos, el juzgado número 1 no resolverá hasta la vuelta de vacaciones de su titular.