VALLADOLID
La Junta extremará desde septiembre el control sobre los ayuntamientos para que establezcan criterios y programas que garanticen la calidad de su abastecimiento
Instalaciones de la nueva estación depuradora de Peñafiel, recientemente inaugurada. / EL NORTE
La Consejería de Sanidad se ha dirigido por escrito a todos los ayuntamientos de la provincia de Valladolid, a través de los servicios territoriales de Sanidad y Bienestar Social de la Junta, para recordarles su obligación de cumplir la normativa sobre control sanitario del agua para consumo humano, y advertirles de que ha puesto en marcha, en toda la comunidad, un programa de vigilancia que intensificará las inspecciones a partir del próximo mes de septiembre.
Esa normativa es un Real Decreto del 2003 que incorpora a la legislación española una directiva europea sobre esta materia, y establece, entre otras cuestiones, que los ayuntamientos son los responsables últimos de garantizar que el agua que se bebe o se utiliza para cocinar los alimentos, la higiene personal o cualquier otro uso doméstico, es apta para el consumo humano, independientemente de cuál sea su origen o quién la suministre. Y son las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma las responsables de vigilar que lo cumplen o adoptan las medidas correctoras en caso de detectarse alguna irregularidad.
Jorge Llorente, director general de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria, explica que así lo han venido haciendo desde que entró en vigor el Real Decreto y han intervenido siempre que se ha producido una alerta sanitaria, pero la Consejería considera llegado el momento de ser más estrictos en exigir a las administraciones locales el cumplimiento de sus obligaciones.
Además, la Consejería elaboró recientemente el tercer Plan de Salud de Castilla y León (2008-2011) y en ese plan ya se contempla la puesta en marcha de un plan de vigilancia para reforzar los controles «para evitar riesgos para la salud de la población y conseguir que el nivel de protección cada vez sea más alto», desde el momento de la captación hasta que llega al grifo.
«Los ciudadanos pueden beber agua con garantías -señala Llorente-, porque los requisitos que establece la normativa son muy exigentes y los niveles de protección muy altos, pero buscamos incrementar esas garantías» para reducir al máximo los riesgos para la salud de las personas.
Documento informativo
Hay municipios que han hecho sus deberes mejor que otros, «pero ahora les hemos recordado a todos que tienen que cumplir aquellos aspectos que hasta ahora tenían más descuidados», añade el responsable de la Agencia de Protección de la Salud. Para ello, se les ha facilitado un documento informativo donde se explica la puesta en marcha de ese programa de vigilancia sanitaria, y se les pide además que redacten un Protocolo de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento, que permitirá verificar de forma rápida el grado de cumplimiento de la normativa, con unos criterios normalizados y comunes para todos sobre muestreos, registro de incidencias, planes de mantenimiento o tipos y frecuencia de los análisis. Esos datos, además, se enviarán al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac) se actualizarán periódicamente y podrán ser consultados por los ciudadanos.
Las instrucciones internas que ha dado la Consejería son las de intensificar las inspecciones y la vigilancia a partir del 1 de septiembre. Y los que no cumplan se enfrentan a la posibilidad de una sanción, «en función del riesgo para la salud de las personas» de la irregularidad detectada. Las faltas más leves serán objeto de apercibimiento y se les dará un plazo para que adopten medidas correctoras.
Avalancha de solicitudes
Los grandes municipios se pueden permitir encargar esos protocolos de autocontrol a empresas privadas, pero no así los más pequeños. Por eso, la Diputación provincial, a través del Servicio de Medio Ambiente y Agricultura, se ha ofrecido a todos aquellos municipios que lo soliciten para su elaboración de forma gratuita. Ya han recibido 149 solicitudes, pero se espera que lleguen unas doscientas. En toda la provincia hay 224 municipios, exceptuando la capital, lo que refleja que se están tomando en serio las recomendaciones de la Consejería.
El diputado Máximo Gómez, responsable del Servicio de Medio Ambiente, señala que la institución provincial se ha hecho eco de «la preocupación» manifestada por los ayuntamientos tras la advertencia de la Consejería de Sanidad de que intensificará las inspecciones.
Aunque todos los municipios, comenta Máximo Gómez, están recibiendo «una lluvia de ofertas» de empresas privadas que se ofrecen para elaborar los protocolos, la Diputación ha optado por ofrecer su propia línea de colaboración.
La redacción de los protocolos correrá a cargo de un equipo técnico integrado por tres licenciados en Químicas, uno en Biología y un administrativo, que han sido contratados específicamente para esta tarea con cargo al Plan regional de Convergencia Interior. Estarán coordinados por Francisco López y comenzarán a trabajar la próxima semana, visitando cada ayuntamiento por zonas. Aunque redactar cada protocolo es relativamente fácil, López cree que necesitarán alrededor de seis meses para tener todos elaborados.
