La distancia entre Administración y administrados en la Ley de Dependencia es enorme. Y lo es en la forma de contabilizar la tramitación de expedientes, en la de medir los tiempos y necesidades, en la de acceder a información y prestaciones y en la de impulsar la demanda porque ello es cubrir, de verdad, necesidades. En ello coinciden familiares, organizaciones de afectados e, incluso, portavoces de la gestión administrativa reunidos ayer en el panel de expertos de la Jornada Parlamentaria sobre la Ley de Dependencia en Castilla y León que organizó el PSOE.

Castilla y León es, pese a tener la población más envejecida de España con un 22,30% de mayores de 65 años, una de las comunidades con menor porcentaje de solicitudes y, además, un alto porcentaje en las resoluciones no se traduce en el mismo nivel de prestaciones. Además, y según los datos que aportó el procurador socialista y organizador de este encuentro, Jorge Félix Alonso, hay 3.600 personas en la comunidad que han fallecido en el proceso de reconocimiento. Y es que, aunque en algunos casos el estado de deterioro es grave, en muchos la tramitación se dilata tanto que se supera el año o incluso más.

La madre de uno de los contertulios, Jesús Ojeda, fue triste protagonista en este encuentro al no haber llegado a disfrutar de su prestación, cuyo reconocimiento llegó al mes de su muerte y tras siete desde que lo solicitara.

«Rehenes»

Aunque el impulso al debate partió de los socialistas, la pluralidad de los participantes abrió críticas en todas las direcciones y en una coincidieron todos, la de acabar con el manejo y juego político porque, como destacó María Jesús Brezmes, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «los rehenes» de esta guerra «son los ciudadanos en peor situación». Recursos públicos fue el otro gran reclamo. También Brezmes indicó que crearlos garantizaba el futuro de los servicios sociales, y el alcalde de Pedrajas de San Esteban, Sergio Ledo, añadió que además suponía la creación de empleo y que era necesario diseñar una red. La falta de información y la desorientación están detrás de la falta de agilidad en la tramitación y Miguel de la Cruz, trabajador social, insistió en dirigirse a los Ceas para hacer la solicitud. Establecer plazos máximos y crear protocolos de urgencia para casos graves fueron otras de las conclusiones. Luis Mayoral, representante del Cermi -que acoge once asociaciones de discapacitados-, recordó el fallo de origen de la ley, sólo estaba pensada para los mayores y esto ha llevado a que el 20% de los enfermos mentales o discapacitados psíquicos no sea reconocido como dependiente. Este debate, moderado por el periodista Francisco Cantalapiedra, colaborador de EL NORTE DE CASTILLA, también hizo patente la desigualdad entre las zonas urbanas y las rurales.