La Audiencia de Valladolid gestiona ya la implantación de la mediación civil en la provincia después del éxito en el ámbito penal de este modelo de administración de justicia. Valladolid es una de las provincias españolas, junto con Barcelona, Navarra, Sevilla o Zaragoza, pioneras de la mediación penal, una alternativa con la que se pretende facilitar el servicio de Administración de Justicia acortando los plazos procesales y reduciendo el número de asuntos que mantienen desbordados a los juzgados vallisoletanos.
Hace seis meses que se puso en marcha este nuevo sistema en la capital, que permite a personas procesadas llegar a un acuerdo de resarcimiento o reparación con sus víctimas, lo que les supone una reducción de las condenas que deberían de cumplir.
Desde entonces, de los 15 casos penales que se han acogido a este nuevo sistema, 10 (el 70%) han sido resueltos de mutuo acuerdo entre las víctimas y los autores de los delitos, y gracias a la participación de los mediadores y jueces designados.
En este último caso, los magistrados que han intervenido han sido el de Instrucción número 2, César Gil, y la jueza de lo Penal 2, Ana Carrascosa. A ambos se ha unido desde hace tres semanas la magistrada de lo Penal número 4, Carmen Cimas, tras aceptar recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la extensión del sistema.
Tan sólo dos víctimas y delincuentes rechazan esta propuesta de someterse a la mediación penal, después de que sean los jueces encargados de resolver los que seleccionen los supuestos que pueden someterse a este procedimiento. Con este sistema, que lleva funcionando desde hace años en algunos países europeos, la pena no se anula pero se reduce sensiblemente siempre con el acuerdo del Ministerio Fiscal. Este tipo de procesos se están llevando a cabo con delitos considerados no graves, como son los de lesiones, robos, maltrato doméstico o amenazas, y con penas inferiores a seis años.
Gestiones ante el CGPJ
La implantación de esta iniciativa surgió hace año y medio después de que el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, alcanzase un acuerdo con el entonces vocal del Poder Judicial, Félix Pantoja, para la implantación en órganos de la demarcación de la Audiencia.
De este modo, tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación y la Universidad, que financian con 6.000 euros a partes iguales el proyecto, se pudo poner en funcionamiento la mediación penal, y se espera que después del verano pudiera sumarse otro juzgado de Instrucción a este modelo. La firma del acuerdo se realizó en septiembre del 2008 y un mes después entró en marcha con la coordinación de la letrada Patricia Guilarte.
Para presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, «con la mediación se facilita la resolución de los conflictos en los que las víctimas reciben una satisfacción del autor del delito, que pide perdón por el hecho, y se evita un factor psicológico como puede ser un posible trauma respecto a que el hecho delictivo se vuelva a repetir».
Trebolle, que indicó que se están haciendo gestiones para impulsar la mediación civil y familiar, uno de los ámbitos jurisdiccionales con más litigiosidad en la sociedad vallisoletana, recuerda que con la mediación penal «no se produce una sentencia absolutoria» salvo en aquellos delitos de carácter privado, como son las injurias o calumnias en los que se extingue la responsabilidad criminal si el agraviado decide retirar la denuncia. «En los demás casos, la mediación penal supone fortalecer la posición de la víctima en el proceso judicial», apunta.
Aunque en la fase final del proceso, cada vez más las partes y la Fiscalía buscan un acuerdo en el que no sólo se tiene en cuenta la privación de libertad, sino también la indemnización a los perjudicados. Una conformidad que evita el juicio.