ZAMORA
Intervención advierte
de que la anulación del
PGOU del 2001 puede
tener repercusión en la
recaudación del IBI y la
liquidación de
plusvalías
28.05.09 -
El concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, defiende la moción durante el pleno. / LUIS CALLEJA
El Ayuntamiento de Zamora va a pedir por acuerdo plenario a la Junta de Castilla y León que emita una orden que sea la referencia legal del urbanismo de la ciudad hasta que se apruebe el plan general del 2009. El único voto del concejal de Adeiza Luis Almena (pues el portavoz, Miguel Ángel Mateos, se ausentó para presentar las jornadas sobre la batalla de Villagodio) fue suficiente para garantizar al Partido Popular los 13 votos necesarios para que prosperara su moción de urgencia. Fue votada en contra por el grupo socialista y contó con la abstención de los ediles de Izquierda Unida.
El PP desoyó la advertencia del portavoz del PSOE, Carlos Hernández, de que con esta iniciativa «se está haciendo dejación de funciones y competencias municipales» y «una orden de la Junta puede ser tan recurrible como lo fue la que aprobó el plan del 2001».
Al contrario que en otros plenos, la presidenta de la Corporación, Rosa Valdeón, no dejó que el interventor municipal expusiera las repercusiones económicas que la anulación del plan puede tener para el Ayuntamiento y los ciudadanos. La recaudación de los impuestos relacionados con los bienes inmuebles, la construcción y la liquidación de las plusvalías pueden verse afectadas porque las recalificaciones de suelo realizadas desde el 2001 quedan invalidadas con la sentencia del TS, y el valor de los terrenos cambia en función de su uso, al igual que los coeficientes, distintos de los que se aplicaban con el plan de 1986.
La moción aprobada solicita a la Junta que intervenga con carácter transitorio y hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento para que «habilite las medidas necesarias que reconozcan el desarrollo urbanístico y la normativa aplicable a la actual realidad económica y social de Zamora». Señala el texto que las carencias del plan de 1986 «podrían dejar en situación de desamparo a miles de ciudadanos, y desprotegidos espacios, bienes y edificaciones que merecen dicha protección, amén del desconcierto que pudiera producirse en materia de transacciones y operaciones financieras», explicó el concejal de Urbanismo. Feliciano Fernández.
Cuentas
No prosperó la propuesta popular para que el pleno pidiera al Ministerio de Economía la devolución de 1,2 del IVA correspondiente a las obras del Plan E. Sí se va a solicitar, por acuerdo de los grupos, que el dinero sobrante de las bajas, y que está en torno a los 600.000 euros (del total de 11,5 millones concedidos por el Gobierno) se queden aquí para mejorar los proyectos del Fondo Local.
No quiso el PP suscribir la moción suscrita por los grupos de la oposición para que reconociera que «el descalabro de las cuentas es responsabilidad de los sucesivos equipos populares», resumió el portavoz de IU, Francisco Guarido. El equipo de Gobierno consiguió con la abstención de Adeiza aprobar las tardías cuentas del 2007 «de un superávit ficticio», indicó el socialista Luis Vicente Pastor, así como la liquidación del 2008, «mucho más realista, aunque obligados por los informes técnicos, al reconocer un déficit de 3,2 millones de euros». Aprobar las cuentas es el primer paso para poder pedir el crédito del ICO que permitirá al Ayuntamiento cumplir sus compromisos con los proveedores, aunque aún no está hecho el plan de saneamiento.
