CASTILLA Y LEÓN
Las Cortes aprueban por unanimidad la ley que regula la contaminación acústica en Castilla y León y que fija multas de hasta 300.00 euros
Un operario emplea el martillo neumático en una calle. / EL NORTE
INFRACCIONES
Por primera vez, Castilla y León cuenta con una normativa específica que regula la alta contaminación acústica que sufren sus ciudadanos. Y por primera vez en mucho tiempo, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, recibió ayer los elogios y parabienes de la oposición socialista, aunque la afilada lengua de la procuradora Mónica Lafuente se encargó de matizar que, ajustada al patrón de la normativa estatal, la Ley del Ruido «ha sido copiada y, sin que sirva de precedente, para bien», en alusión a las tan reiteradas expresiones del «copia y pega» y del «rincón del vago» a las que ha dado lugar la confección de las directrices de ordenación del territorio para la montaña cantábrica en zonas de León y Palencia.
La ley aprobada ayer en el Parlamento autonómico se propone prevenir, reducir y vigilar el exceso de volumen acústico y aumentar la calidad de vida de las personas mejorando su salud, su descanso y el medio ambiente. La normativa controlará el ruido en el ambiente exterior e interior, el tráfico urbano e interurbano, las emisiones sonoras de vehículos y maquinaria, el horario de establecimientos de ocio y espectáculos o las condiciones de locales comerciales y de las viviendas.
Además, clasifica las actividades por sus niveles sonoros y vibraciones y obliga a todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a elaborar un mapa del ruido (frente a la ley estatal que sólo se lo exige a los municipios de más de 100.000). Ese mapa deberá presentarse antes de junio del 2012 y será revisado cada cinco años.
Excepto la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, el resto de ayuntamientos ya disponen de ese instrumento, pero deberán adaptarlo a las nuevas exigencias de la ley.
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, destacó en su exposición ante el Pleno de las Cortes regionales, además del consenso alcanzado con los grupos socialista y mixto, la apuesta por la descentralización de competencias, que deja en manos de los ayuntamientos la labor inspectora y sancionadora.
